El insólito conflicto que se desató ayer entre las provincias de Corrientes y Santa Fe y que tuvo como epicentro geográfico la ciudad de Goya, donde se desarrollaron una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal para desbaratar una célula del narcotráfico derivó en un escándalo de proporciones que lejos de contribuir al objetivo de fondo, lo sumergió en el descrédito y podría entorpecer el curso de la investigación que lleva, según informaron, más de 14 meses. Además, con el sainete quedaron al desnudo las falencias domésticas, tanto en el ámbito tribunalicio como en la fuerza de seguridad, pero especialmente en la esfera gubernativa donde afloró un chauvinismo que sirvió de pretexto al exceso de poder.
Resulta difícil de entender y mucho más de explicar que los estamentos de ambas provincias no hayan logrado una vinculación que garantizara la pulcritud del operativo, que por otra parte tuvo un resultado exitoso, aunque esto casi no forma parte de la crónica informativa. El alboroto que se generó en torno a la presencia de una nutrida comisión policial de la provincia de Santa Fe dejó en un segundo plano casi todo lo importante, por ejemplo que se consiguió destapar uno de los corredores de la droga en Goya que oficiaba de puente hacia Santa Fe.
El hecho de que el jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de Santa Fe, director de Policía, José Moyano, quedara detenido por orden de una jueza correntina, asoma como un despropósito. Puede que tenga una explicación desde lo jurídico -seguramente lo tiene-, pero desde el sentido común resulta un contrasentido: un policía demorado por perseguir a los narcos. La lectura de los hechos no es tan sencilla ni lineal, pero todo el episodio goyano está embadurnado por el sinsentido, tanto como el dato de que el gobernador Horacio Ricardo Colombi se inmiscuyó en uno de los allanamientos para requerir información y luego utilizó su teléfono para protestarle al ministro de Seguridad de Santa Fe, Sebastián Pullaro, por la incursión de los uniformados santafesinos en suelo correntino.
Se sabe, Colombi no es afecto al principio constitucional de la división de los poderes y ayer dio una muestra. El mandatario pretextó su extralimitación en la preocupación que le generaba la situación de un puñado de testigos “reclutados” en Corrientes y que fueron compelidos -como les sucede a todos los que tienen que afrontar esa carga pública- a ser trasladados a Goya, en un viaje de más de 200 kilómetros. No es usual que sucedan las cosas de esta manera, pero no es irregular, la autoridad judicial interviniente en la causa así puede requerirlo y fue lo que ocurrió.
El abogado mercedeño que lleva (en familia) 15 años en el poder debería saberlo. “Nosotros nos debemos a los correntinos, si algo malo pasaba iban a culpar al Gobierno de Corrientes”, afirmó Colombi y se quejó: “Hay medios nacionales que están tergiversando la cuestión, me importa tres carajos lo que digan, nosotros tenemos responsabilidades, y lo que hicieron, no tiene justificativo”.
Según explicó, recibió el reclamo de los padres de los jóvenes trasladados como testigos y que en Goya, no solamente habló con los chicos, sino que “se cruzó” con el jefe del operativo en un allanamiento, “la actitud es lamentable, le expresé al ministro de Seguridad de Santa Fe mi preocupación por la situación de 16 testigos, él defendió el operativo, pero es indefendible”.
El punto es que por arrastrar a los testigos, el jefe del operativo quedó detenido. Y se armó un escándalo que le ganó a la noticia: los allanamientos fueron positivos, detuvieron a varias personas e incautaron material. La batalla contra la droga no parece lo más importante.
