Los mandatarios creen que el ministro de Economía no aplicó un plan integral y temen por las consecuencias en el poder adquisitivo de la sociedad. Críticas desde el Senado y clima caliente.
Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei existe un grupo de WhatsApp del que forman parte todos los gobernadores del país y el Jefe de Gobierno porteño. Allí intercambian posturas sobre los temas que le atañen a todos. El más importante es la disminución del 7% de la masa coparticipable que generó la eliminación del impuesto a las ganancias del gobierno anterior. Un tema que los preocupa y los ocupa.
Ese hueco fiscal aún no se terminó de cerrarse, más allá de las transferencias del Tesoro Nacional que hizo Sergio Massa antes de dejar su cargo. Eso solucionó la caída de aportes de los meses de noviembre y diciembre, pero debe establecerse un sistema de ingresos que les permita a las provincias contar con ese dinero que recaudan por el impuesto a los trabajadores que más cobran.
El principal interlocutor con el gobierno nacional por ese tema es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que estaba trabajando en ver qué mecanismo de compensación puede utilizarse para evitar el agujero fiscal. Sin embargo, la decisión -aún sin concretarse y pese a que Milei dijo que seguiría- del gobierno de dar marcha atrás con la quita del impuesto a las ganancias, dejaría sin efecto la ingeniería para obtener las compensaciones.
En paralelo a esa situación, los mandatarios están muy preocupados por el paquete de medidas que tomó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Sobre todo porque ven que no fue acompañado por medidas que busquen generar una reactivación de la economía o que contengan las fuentes de trabajo. “Fue un ajuste brutal que nos llevará a la recesión”, afirmó uno de los mandatarios opositores.
Los gobernadores peronistas creen que las medidas de ajustes eran necesarias pero no compartan la forma en la que se aplicaron. Asumen con naturalidad que si Massa llegaba a la presidencia también iba a tener que devaluar y ajustar gastos, pero que lo hubiese hecho con medidas paralelas de contención social. “Sergio iba a devaluar un 60% y con control de precios”, asumió un experimentado gobernador.
El combo de malas noticias golpeó de lleno en el mapa político y lo hará con mayor fuerza en la gente cuando los precios escalen sin techo en lo que resta de diciembre. A la devaluación que llevó el dólar oficial del $400 a $800 se le sumó el anuncio de reducción de tarifas a partir del 1 de enero y el aumento de combustible. YPF aumentó un 67% sus precios en el lapso de cinco días.
“No hay un plan. Caputo solo aplicó medidas que pidió el FMI. No parece casualidad que lo hayan felicitado pocos minutos después de que hiciera los anuncios”, se quejó un gobernador del norte grande, que visualiza un panorama negro para lo que queda del año y el verano. Recesión, inflación y un salto grande en el porcentaje de pobres. ¿Cómo reaccionará la gente? ¿Aguantará? Es la pregunta que gira por toda la oposición.
El mandatario riojano, Ricardo Quintena, fue muy duro cuando asumió su segundo mandato. Aseguró que Milei llevará adelante “un programa cruel, sádico y salvaje” que afectará a “los sectores más vulnerables”, y anticipó la resistencia: “Tenemos que estar preparados para ir a defender los derechos de nuestra gente”. Una muestra de que el peronismo propone gobernabilidad con el cuchillo entre los dientes.
La falta de precios de referencias y la remarcación diaria llevaron a punto de ebullición a la economía argentina. La voluntad de los mandatarios es acompañar y contener al nuevo gobierno. Tal es así que muchos de ellos aplicaron recortes en sus presupuestos provinciales y anunciaron una reducción en los gastos de la política para dar un gesto de cara a la sociedad. Sin embargo, fueron tan duras las medidas que la grieta puede empezar a aparecer rápidamente.
“Retrasaron el anuncio de medidas un día y medio, y durante ese tiempo remarcaron los precios. Son muy desprolijos”, advirtió la mano derecha de un gobernador. En principio las medidas económicas se iban a anunciar el lunes y, finalmente, se comunicaron el martes a las 19:15, dos horas después de la hora pautada. En un contexto tan delicado y frágil, los gobernadores creen que al gobierno libertario se les escaparon varios detalles.
Además de la devaluación y la reducción de tarifas, en las provincias se verán afectados por el freno de las obras públicas. “El Estado no licita más obras publicas nuevas y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado”, explicó el ministro de Economía en el mensaje grabado del martes. Si bien varios gobernadores recortaron su presupuesto en esa materia, la decisión nacional acentuará aún más el parate y, en consecuencia, la caída de puestos de trabajo en el sector de la construcción.
Durante la sesión de ayer en el Senado varios legisladores plantearon su preocupación por el impacto de la devaluación sin medidas de contención. “La gente está preocupada porque no puede entrar al supermercado, no va a poner llenar un tanque de combustible, ni va a poder pagar la luz. Mucha más gente va a caer debajo de la línea de la pobreza”, sostuvo el senador de Santa Fe y ex candidato a gobernador Marcelo Lewandowski.
La ex vicegobernadora y actual senadora por La Rioja, Florencia López, que se sumó a la Cámara alta esta semana, apuntó directamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Este ajuste no va a ir a la casta como lo decía usted o el presidente. Este ajuste va a ir a la gente. Es el ajuste más terrible que va a recibir la República Argentina”, sentenció. La presidenta del Senado no se inmutó.
La tensión en la Cámara alta, donde están representadas las provincias, fue la señal más clara de que el tiempo que se avecina será de conflictividad dentro del Parlamento. La paz política duró apenas algunas horas. Las críticas del peronismo empezaron a multiplicarse con velocidad y lo seguirán haciendo en los días que siguen. El ajuste es tan grande que el margen de acción se achicó rápidamente.
Otro de los temas sensibles del paquete de medidas es la reducción de transferencias discrecionales. Muchos de los gobernadores no saben bien a cuáles se refieren. Si son las del Tesoro Nacional o la de fondos permanentes que son educativos o de seguridad, por poner dos ejemplos concretos. Lo cierto es que no creen que eso cambie demasiado sus gestiones. Cada provincia recibe montos distintos por objetivos diferentes. Cada provincia en un mundo, pero en todas se preguntan cómo subsistirá la clase media al ajuste. (infobae.com)