Mayans no volvería al Senado hasta el año próximo y complica los planes de Cristina.

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Sin el jefe de la bancada oficialista, la vicepresidenta queda con una ajustadísima mayoría de 37 votos para aprobar su agenda legislativa.

La complicada situación médica que atravesó el jefe del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), amenaza con complicar de manera definitiva la agenda legislativa de Cristina Kirchner, que podría perder el control de la Cámara alta y verse obligada a acordar con la oposición cada una de las sesiones que queden hasta fin de año.

Si bien no hay confirmación oficial, en los despachos oficialistas de la Cámara alta circula con fuerza la información de que Mayans no podrá volver a sus funciones hasta el año próximo, plazo que le demandará recuperarse de la dolencia que obligó a internarlo de urgencia en Formosa el pasado 9 de octubre y a intervenirlo quirúrgicamente en Buenos Aires pocos días después.

«José tiene al menos tres meses de recuperación. Me dicen que estuvo al borde de la muerte y que va a tener que cuidarse mucho hasta alcanzar la plena recuperación», comentó un miembro del oficialismo de la Cámara alta a este diario.

El dramatismo que el senador le puso a la situación no parece exagerado. Otros dos legisladores y un exsenador confirmaron el duro cuadro que atravesó el líder de la bancada oficialista de la Cámara alta. El hermetismo que rodea a la internación de Mayans, la familia no permite que el Hospital Italiano emita partes médicos, ayuda a agudizar el escenario de conmoción que golpea al Senado.

A la hora de la cruda realidad política, la prolongada ausencia de Mayans es un golpe fuerte para Cristina Kirchner, que quedará con 37 senadores (34 propios más tres aliados provinciales) disponibles para poder ejecutar sus movidas legislativas. Uno de ellos es Maurice Closs (Misiones), quien si bien ya está recuperado también superó hace poco menos de dos meses una intervención quirúrgica mayor.

El número es el justo y necesario para habilitar una sesión (quórum) y para aprobar una ley o un darle acuerdo a un juez que genere conflicto con la oposición de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, en lo apretado de la mayoría radica la misma debilidad a la que se encuentra expuesta la vicepresidenta. Ahora, cualquier senador, tanto oficialista como aliado, que planteé alguna duda o exigencia podría hacer caer cualquier tema de la agenda kirchnerista.

Es una situación que ya ocurrió en los últimos tiempos. En el debate de la ampliación de la Corte Suprema, Cristina Kirchner debió ceder ante las exigencias de Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), que se negaba a votar una integración del tribunal de 25 miembros, tal como habían propuesto los gobernadores peronistas. Así fue como se terminó votando un proyecto de 15 jueces.

Este cambio no hizo más que enemistar a la vicepresidenta con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que había sido uno de los impulsores de la Corte de 25 magistrados. Esto se vio reflejado en la sesión del 22 de septiembre último, en la que la oficialista María Eugenia Catalfamo (San Luis) votó a contramano de su bancada en cumplimiento de una orden del mandatario provincial.

Al respecto, en algunos despachos de la Cámara alta aseguran que el enojo de «El Alberto» podría trasladarse a otros debates, lo que podría complicar, o al menos poner en peligro, los planes oficialistas.

Pero hay más. En la sesión en la que se aprobó la ampliación del máximo tribunal, la vicepresidenta debió ceder ante el reclamo de su bancada y quitar del temario los pliegos de los candidatos a ocupar la Cámara Federal de Luis Piedra Buena (Santa Cruz). La integración de ese tribunal es un viejo anhelo de Cristina Kirchner.

«Se plantaron varios senadores diciendo que no era lo que se había acordado, que sólo se iba a tratar la corte y tuvieron que sacarlo», confió una fuente legislativa. Ya LA NACION había dado cuenta de que fue Mayans quien debió comunicarle a Cristina Kirchner la rebelión de su bancada. «Y bueno, son los números que tenemos», habría respondido, resignada, la vicepresidenta en aquel encuentro con su jefe de bancada según las fuentes consultadas por este diario.

En ambos casos, la oposición había adelantado su negativa rotunda a facilitar el quórum para discutir esos temas, que considera propios de la disputa de Cristina Kirchner con el Poder Judicial y alejadas de la realidad económica y social que vive el país.

Sorteado el obstáculo de la Corte, con una endeble mayoría de 36 votos, en la agenda kirchnerista quedan algunos temas cuya aprobación interesan en el primer piso del Senado, donde quedan las oficinas de la presidenta del cuerpo.

Al nombramiento de los tres camaristas de Piedra Buena se suman las modificaciones a las leyes reglamentarias de la consulta y de la iniciativa popular, proyectos impulsados por Oscar Parrilli (Neuquén), que ya tienen dictamen de comisión y que esperan la oportunidad en la que el oficialismo pueda asegurarse el número para aprobarlos.

En los últimos días se sumó una nueva jugada que es criticada por la oposición: el intento para reglamentar los traslados de los jueces. El proyecto fue presentado por Martin Doñate (Río Negro) y comenzó a discutirse la semana pasada en la Comisión de Justicia, que preside Parrilli. De manera poco habitual, el debate duró menos de diez minutos tras lo cual se decidió pasar la discusión al cuerpo de asesores. Hay quienes sostienen que fue una salida elegante para un tema que no convence ni a los kirchneristas de paladar negro.

(Fuente: La Nación)