En Formosa, la energía eléctrica se ha convertido en uno de los temas más candentes y discutidos en la esfera política y social. La empresa estatal Recursos y Energía Formosa Sociedad Anónima (REFSA), que gestiona la distribución de electricidad en la provincia, ha sido el centro de críticas por los recurrentes aumentos tarifarios y la aparente falta de transparencia en su administración.
La diputada provincial Gabriela Neme ha sido una de las voces más críticas hacia la gestión de REFSA. La legisladora destacó que desde hace más de seis años no se realizan audiencias públicas para justificar los aumentos tarifarios, algo que por ley es obligatorio. Este hecho genera un vacío de control y cuestiona la legitimidad de los incrementos que afectan directamente a los bolsillos de los ciudadanos.
Aumentos desmedidos y desigualdades tarifarias
Uno de los puntos más controvertidos es el desproporcionado aumento en los costos de la energía. Por ejemplo, entre el periodo 6-24 y el periodo 1-25, el cargo fijo incrementó un 150%, sin explicaciones claras. Además, usuarios residenciales reportaron diferencias significativas en las tarifas dentro de la misma categoría. Mientras una docente en zona residencial pagó $3.900 de cargo fijo, otra vecina abonó $1.100 por un consumo similar.
El costo del kilowatt también ha sido cuestionado. En Formosa, el precio promedio es de $131, significativamente más alto que en provincias vecinas como Chaco, donde los usuarios pagan alrededor de $90 por kilowatt. Estas diferencias alimentan las sospechas de manejo irregular en la determinación de las tarifas.
Falta de transparencia en REFSA
La gestión de REFSA también ha sido criticada por su opacidad. Al ser una empresa estatal, mayoritariamente controlada por el gobierno provincial y el Banco de Formosa, debería estar sujeta a auditorías públicas y al control del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, esto no ocurre. Además, según denuncias de la oposición, no se ha facilitado información clave sobre los costos de adquisición de energía ni sobre los contratos de suministro con empresas nacionales como CAMMESA.
Impacto en los ciudadanos
El aumento en las tarifas de luz ha golpeado duramente la economía de los formoseños, especialmente en sectores vulnerables. Un caso emblemático es el de una docente que destina el 40% de su salario a cubrir la factura de electricidad. La situación ha llevado a que muchos usuarios cuestionen la legalidad de los incrementos y consideren judicializar los reclamos.
Propuestas de acción
Ante este panorama, el bloque opositor en la legislatura provincial ha presentado un proyecto que incluye el congelamiento de tarifas a valores de 2024, la creación de una comisión auditora para investigar a REFSA y la suspensión de cortes de servicio durante el periodo de revisión. Además, insisten en la realización de audiencias públicas como mecanismo para garantizar la transparencia y la participación ciudadana.
Conclusión
La situación de REFSA pone de manifiesto problemas estructurales en la gestión de los servicios públicos en Formosa. La falta de transparencia, los aumentos desmedidos y las desigualdades tarifarias son síntomas de una administración que necesita ser revisada y auditada. Mientras tanto, los ciudadanos continúan enfrentando las consecuencias de decisiones que, según denuncias, se toman sin la debida consulta ni justificación. (diariopinion.com)
