El Ministerio de Seguridad calcula más de $134 millones más gastos médicos de «efectivos lesionados».
El Ministerio de Seguridad pidió a la Justicia que interpele a los responsables a cubrir los costos del despliegue de fuerzas de seguridad por los sucesos ocurridos frente al Congreso.
Patricia Bullrich mostró un detalle de los fondos que reclama a los manifestantes. Lo mostró en su cuenta de X y aclaró que a los $134.486.038,08 «les vamos a sumar los gastos médicos de los efectivos lesionados. ¡El que las hace, las paga!
La ministra dijo en su cuenta de la red social que «el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de una presentación efectuada por la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, requirió a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicte una medida cautelar contra los responsables de solventar los costos del operativo desplegados por las fuerzas federales en relación a los sucesos frente al Congreso Nacional los días 31 de enero, 01 y 02 de febrero del corriente año, a fin de que se hagan cargo de cubrir los mismos».
Indicó entonces que «la suma total de los gastos operativos (costo de empleo de personal, gastos de combustibles, elementos utilizados para Operaciones de Seguridad Ciudadana, etc.), de cada una de las Fuerzas asciende a un total de $134.486.038,08.-
Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificados los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos.
«A tal valor, deberán adicionarse las sumas correspondientes a los costos del tratamiento médico de los integrantes de las fuerzas que han sido lesionados por los manifestantes, los que se encuentran en curso de delimitación y se aportarán en cuanto se tengan debidamente establecidos», agregó el Ministerio.
La justicia le dio a Bullrich 72 horas para explicar su protocolo antipiquetes
En la jornada, el juez federal Sebastián Casanello instó al Ministerio de Seguridad para que en 72 horas explique «pormenorizadamente el procedimiento que precedió» a la emisión del Protocolo que aplica ante manifestaciones callejeras.
El Ministerio deberá informar «todos sus antecedentes y su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados», así como «informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales».
Casanello actuó ante una acción presentada por Celeste Fierro, diputada porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda Unidad. (ambito.com)
