Los verdaderos discapacitados son sometidos a suplicios interminables para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La denuncia oficial trata de instalar que el poder político kirchnerista compraba voluntades con historias médicas truchas.
El actual gobierno exhibe como si fuera un trofeo la radiografía de un perro para aparentar lesiones y otorgar pensiones por discapacidad durante la administración kirchnerista. Un hecho aberrante que le sirve a la actual gestión para justificar un salvaje plan de ajuste que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Desde el kirchnerismo desmintieron que el solicitante de origen goyano haya podido acceder a cobrar la pensión, con esa radiografía.
Primero fue la exposición del manejo fascista de los punteros de los llamados «gerentes de la pobreza», quienes utilizaban la privatización de la asistencia social, como herramienta de apriete para sumar adherentes a las «organizaciones sociales» que, esos dirigentes, utilizaban como una financiera para acrecentar su patrimonio y poder de negociación con quienes administraban el Estado.
Hoy está de moda entre los simpatizantes kirchneristas cuestionar y criticar a quienes nunca adhirieron a ellos, pero tampoco apoyan o votaron a Javier Milei, para adjudicar a esos ciudadanos responsabilidad en el despropósito del ajuste salvaje que empuja a la pobreza a un millón de argentinos por mes.
Pero esos dirigentes no hacen ningún atisbo de autocrítica para aquellos políticos de su palo que hicieron del negocio privado con plata pública, una escalera de ascenso social y económico. Por supuesto, con riquezas mal habidas.
Para el fanático kirchnerista, que se parece mucho al fanático libertario, es más reprochable un ciudadano que ejerció el derecho a votar en blanco que los funcionarios de la ANDIS que cometieron irregularidades gruesas con tal de completar el cupo de «beneficios» sociales que les requerían sus punteros.
El disfrute del vocero presidencial, Manuel Adorni, al informar sobre las denuncias contra los funcionarios de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) que aceptaron todo tipo de truchadas para favorecer los reclamos de los punteros barriales, o de localidades lejanas del poder nacional como San Luis del Palmar, San Roque y otras donde el peronismo kirchnerista tiene el privilegio ser gobierno o haber sido gobierno, es la prueba que el ajuste salvaje que empobrece a cada vez más argentinos seguirá con viento de cola.
Infobae publicó el siguiente párrafo: «Tenemos la radiografía de un hombro, mismo hombro roto en 157 expedientes. Tenemos radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado la Herida. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez», describe el funcionario de La Libertad Avanza. «No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica», recalca.
El desmentido
Fernando Galarraga, extitular de la Administración Nacional de Discapacidad, durante la gestión kirchnerista utilizó su cuenta en X y le respondió al vocero presidencial: «¿A quién quieren engañar y meter el perro? Es evidente: a la gente. Y lo hacen con mentiras para argumentar la baja de pensiones no contributivas que se viene», según publicó ambito.com.
De acuerdo con la publicación, «el expediente fue frenado, denunciado y archivado. La persona solicitante, de Goya, Corrientes, nunca cobró ni cobra una pensión entregada durante nuestra gestión», sostuvo el exfuncionario.
Además compartió que en el expediente 2022-108550205-APN-CFM#ANDIS se pude ver que la auditoría médica expresa: «Radiografía no perteneciente a un ser humano». Finalmente, le pidió al Gobierno por favor «rectificar la información».
El daño
Más allá del desmentido y la sobreactuación del Gobierno de Javier Milei, el daño de esa política del kirchnerismo no es solo patrimonial es también un perjuicio para los argentinos vulnerables y al concepto de solidaridad social para con los más desfavorecidos del sistema.
Un presidente como Javier Milei quien considera a las políticas de inclusión social como una aberración y el concepto de Justicia Social como «un robo», encontrar este tipo de prácticas corruptas del gobierno anterior le da una justificación para avanzar en políticas de eliminación de todo concepto de solidaridad social.
De acuerdo al vocero presidencial, el impacto económico de las pensiones mal otorgadas con certificaciones truchas es de 3.400 millones de dólares, no se explica en qué lapso de tiempo ni, si esa enorme cantidad de recursos es solo para la primera mitad del corriente año.
Esa cuantificación que nadie se tomará el trabajo de verificar si es totalmente cierta o no, servirá de latiguillo para justificar la profundización del ajuste y la eliminación de programas de contención social, con esa radiografía el ministro de Desregulación, Federico Sturzennegger tiene las manos libres para aplicar sus más reprochables delirios, ya sabemos como terminan sus políticas de ajuste o programas económicos, recordar el 2001.
Suplicio de los discapacitados
Una persona sin vínculo con La Cámpora con lesiones serias e incapacitadoras debía, durante la administración kirchnerista, pasar cada dos años por un suplicio interminable para recolectar los certificados médicos que los institutos de discapacidad provinciales y le otorgaran el CUD homologado que le servía para solicitar que el Estado o su obra social le cubriera los gastos en prótesis, medicamentos y todo lo necesario para mejorar su calidad de vida.
Debía primero concurrir al sistema público de salud, que como su caso no es una urgencia, que le otorgaban turnos de hasta dos meses para cada revisión, análisis o asistencia.
En el trayecto debía sacarse radiografías, someterse a análisis de laboratorio, que para acceder también debía hacerse a través del sistema público porque hasta que no se le otorgaba el CUD todo eso debía pagarse y no contaban con esos recursos.
Luego sus certificados debían ser homologados por las comisiones médicas provinciales, federales y de los más diversos organismos estatales que, como siempre, otorgan 10 turnos por días para revisar cada caso y adjudicar los beneficios.
Con viento a favor y mucha suerte ese discapacitado sin contactos en La Cámpora podría acceder al CUD al año o año y medio de solicitado y de ahí empezar el tedioso y extenso trámite ante la ANSES de la pensión pertinente y solicitar asistencia médica de calidad en los términos de la Ley 25.785, que es un ejemplo de inclusión y deja muy pocos recovecos para que los funcionarios se nieguen a dar las prestaciones. Hay mucha jurisprudencia en los Superiores Tribunales y la Corte Suprema al respecto.
El suplicio no terminaba allí, porque ese discapacitado, sin relaciones con La Cámpora o alguna de las versiones del kirchnerismo, debía y debe cada dos años renovar el CUD y de nuevo volver a pasar por todos esos trámites aberrantes.
Un caso emblema
Por ejemplo, una persona a la que una mala praxis en las incubadoras del servicio de neonatología le resultó en la pérdida de la parte inferior de la pierna izquierda y la lámpara antibilirrubina le atrofió las retinas lo que con el tiempo la dejó tuerta y con riesgo de ceguera total, debe -cada dos años demostrar- que esa pierna no creció y que su ojo sin visión no recuperó la capacidad de ver y el otro ojo sigue con graves problemas. Un verdadero despropósito de las reglamentaciones burocráticas que son usadas por funcionarios insensibles para retrasar el otorgamiento de los beneficios plenos a los que esa persona tiene derecho.
Como puede verse, la corrupción kirchnerista sigue dando justificativos para que la sociedad siga apoyando a un gobierno con gente como Luis Caputo que no hace otra cosa más que enriquecer a los banqueros con la emisión de papeles como la Letra Fiscal de Liquidez que se hicieron conocidas como LEFI, que no es otra cosa que más deuda para los argentinos, más plata para los bancos y más pobreza para los 27 millones que ya la padecen.
Entre esos 27 millones hay muchos argentinos discapacitados que ahora deberán someterse a más controles, malos tratos para poder acceder a sus derechos, todo porque al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, se le ocurrió que sería una buena idea usar certificaciones truchas para otorgar una pensión por discapacidad a un puntero de La Cámpora. (diarioepoca.com)
