La causa arrancó 2013 y tiene que ver con la manipulación de los índices de crecimiento de la economía en épocas de Guillermo Moreno. Ahora deberá pagar 1330 millones de euros.
Argentina acaba de recibir una esperada, pero pésima noticia desde el Reino Unido. La Corte Suprema de Justicia de ese país (ya no hay otra instancia de apelación) acaba de fallar en contra del país en la causa por la manipulación del Cupón PBI; con lo que, en teoría, se le deberían pagar a los demandantes ya vencedores de manera definitiva, unos 1.330 millones de euros. Esto además de liquidar una garantía de 313 millones de euros, depositados en los tribunales de Londres.
Ahora la causa volverá a la primera instancia, donde Argentina debería sentarse a negociar con los fondos vencedores, para negociar un plan de pagos. O declararse en rebeldía.
La Corte Suprema del Reino Unido (Supreme Court of the United Kingdom -SCUK) rechazó tomar el caso y definir un nuevo fallo, dejando en firme la decisión que ya había definido en contra de la Argentina la Cámara de Apelaciones y el tribunal primario de Londres, en una causa iniciada por la supuesta manipulación de títulos públicos en el 2013 y el no pago del Cupón PBI correspondiente a ese año.
Argentina perdió el caso en primera y segunda instancias, en ambos casos con todos los votos de los jueces en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa jurídica para tratar de torcer la historia. La Corte resolvió dejar en firme los fallos del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los fondos demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros, que denunciaron a la Argentina por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006 y que debían pagar dividendos cuando el país creciera más de 3,5% anual. }
Causa espejo
La estrategia argentina para que la SCUK tome la causa, y que ahora resultó fallida, fue la causa espejo en los tribunales de Nueva York que conduce Loretta Preska, que tuvo un fallo favorable al país. Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York (el mismo donde obtuvo fallo negativo en el caso YPF), el país quedó liberado de pagar unos U$S 1.500 millones, al considerar la magistrada que las autoridades locales de aquel entonces, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Axel Kicillof, tenían el derecho de calcular la evolución del PBI según las estadísticas oficiales, y que un eventual cambio de metodología no implica delito financiero alguno. (mdzol.com)
