Tras dos años con más de 60.000 bajas y recortes en empresas públicas y organismos clave.
El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo ajuste que impactará directamente en el empleo público, al proyectar para 2026 una reducción adicional del 10% en la estructura estatal, en línea con el efecto motosierra que marcó sus primeros dos años de gestión y que ya acumula más de 60.000 desvinculaciones en organismos nacionales. La medida, coordinada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se aplicará principalmente a través de la no renovación de contratos que vencen en diciembre y se extenderá durante los primeros dos trimestres del próximo año.
Según fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno trabaja sobre al menos ocho áreas de la administración para determinar “cuánto personal hay de más” en cada organismo, con el objetivo declarado de reducir gastos corrientes, ganar eficiencia operativa y profundizar el equilibrio fiscal.
Un informe de CEPA destacó que desde diciembre de 2023, el Sector Público Nacional eliminó 60.784 puestos, una caída del 17,7% de su dotación total, equivalente a más de 83 ceses por día. El ajuste también golpeó sectores estratégicos. En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la CNEA, se redujo el 40% del personal, afectando capacidades de investigación y desarrollo. En infraestructura ferroviaria, ADIFSE perdió el 35% de su planta, lo que compromete tareas de planificación y ejecución de obras clave para el transporte. En el ámbito financiero y asegurador, la Casa de la Moneda disminuyó 44% de su dotación, Nación Seguros un 37,5% y el BICE un 31%, limitando créditos para industria, exportaciones y proyectos productivos.
En la Administración Pública Nacional, los organismos descentralizados también registraron bajas significativas: ARCA perdió 3.220 trabajadores, CONICET 1.964 y ANSES 1.584.
El anuncio profundizó la tensión política y encendió la reacción de los gremios estatales. Tanto ATE como UPCN sostienen que un nuevo recorte en el empleo público degradará la capacidad del Estado, afectará servicios esenciales y multiplicará los conflictos laborales en áreas sensibles como salud, educación, ciencia y transporte. La posibilidad de un ajuste adicional reactivó la presión sindical: ATE dejó abierta la opción de adelantar el paro nacional previsto para el debate de la reforma laboral en el Congreso.
“Federico Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él”, lanzó Rodolfo Aguiar, titular de ATE, quien insistió en que el gremio “no tolerará ningún despido” y exige la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre.
El dirigente aseguró que el ajuste no tiene sustento presupuestario y denunció un trasfondo ideológico, al señalar que los trabajadores contratados representan menos del 0,5% del gasto público, mientras la deuda supera el 25%. Según las estimaciones del gremio, un recorte del 10% implicaría alrededor de 28.000 personas desplazadas del Estado.
Si se concreta el 10% adicional, el recorte acumulado en dos años y medio acercaría al Estado nacional a una disminución cercana al 25% del empleo público, profundizando el impacto en el sector estatal y en la plantilla pública, con efectos directos sobre áreas técnicas, empresas públicas y dependencias con alta proporción de vínculos laborales temporarios./minutoneuquen.com
