En el marco de la mega causa por el manejo extorsivo de los planes sociales impulsada por el Ministerio de Capital Humano, la Justicia federal que lleva adelante el caso también apunta al rol de las cooperativas que manejaban los movimientos piqueteros, que las utilizaban para desviar los fondos que les mandaba el Estado Nacional y quedarse con una parte que destinaban para otros fines que nada tenían que ver con la ayuda social.
El despilfarro de fondos del Estado direccionados a organizaciones políticas durante la gestión de Alberto Fernández también salpicó con negocios millonarios a funcionarios de Gildo Insfrán en Formosa.
Julieta González abogada y periodista, denunció que en Formosa organizaciones sociales vinculadas a Miguel Ángel Pérsico recibieron más de 100 millones de pesos en transferencias discrecionales para el manejo del Programa Potenciar Trabajo y del Programa de Integración Socio Urbana. “Se trató de un plan organizado para saquear al Estado en nombre de los pobres”, adelantó.
La abogada exhibió una serie de documentos y facturas que implicarían al ex funcionario Emilio Pérsico, responsable de la Secretaría de Economía Social de la Nación y líder del Movimiento Evita; con el entonces y actual diputado provincial de Gildo Insfrán, Sinforiano López que dirige el Movimiento Evita local.
“Se trató de un verdadero plan organizado para saquear al Estado en nombre de los pobres, en una provincia donde, por lo menos, un integrante de cada familia depende de un ingreso del Estado a través de estas ayudas sociales”, expresó Gonzalez.
Hechos
La Secretaría de Economía Social que encabezó Emilio Pérsico tenía a su cargo la administración de millonarias partidas de fondos públicos. El Movimiento Evita que Pérsico fundó, con ramificación en todo el país, se encontraba entre los receptores de esos fondos, ya que actuaban como Unidad de Gestión de la implementación del programa Potenciar Trabajo. Por lo tanto, el figuraba como “juez y parte” en la asignación de esas partidas y las repartía discrecionalmente.
Las unidades de gestión, por un lado, controlan que se cumplan los requisitos para acceder o conservar el plan (que los beneficiarios cobran con sus tarjetas); por otro lado, reciben ellas dinero del Estado con el fin de armar las estructuras y sostener proyectos para colaborar a la reinserción laboral de desocupados.
En la denuncia presentada ante la justicia federal en la Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa, los abogados Julieta González, Emanuel Zieseniss y Juan Montoya acusan a los dirigentes sociales por la comisión de los delitos de: Malversación de Caudales Públicos (art. 260 del Código Penal), Fraude a la Administración Pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), y Falsificación de Instrumentos Públicos (art. 292 del Código Penal).
La denuncia surge de los convenios celebrados entre la Secretaría de Economía Social y la organización que conduce Sinforiano López en Formosa, que disponían la asignación de partidas millonarias provenientes de las arcas del Estado directamente para la implementación de programas sociales y construcciones públicas, que registran gruesas irregularidades en su rendición por sus notorias inexistencias.
“Con la utilización de facturaciones apócrifas y la simulación de gastos no concretados disfrazaron el verdadero uso de los fondos recibidos del Estado. Se confundió lo público con lo privado y lo recibido se utilizó para bancar la campaña política del Movimiento Evita en Formosa”, sostuvo.
En Formosa, la metodología fue la misma que se investiga a nivel nacional por la justicia federal a los principales referentes de los movimientos piqueteros. Mediante la celebración de convenios con la Secretaría de Economía Social, se enviaban recursos millonarios a cooperativas y organizaciones sociales para la conformación de unidades de gestión del programa Potenciar Trabajo, que finalmente no se llevaban a cabo: “En Formosa nos encontramos con una situación mucho más grave en términos políticos, porque se trata de un legislador que participó en forma directa en la negociación con el Estado Nacional, y es quien firma cada documento invocando la representación de una ignota fundación, anteponiendo una clara incompatibilidad en sus funciones”.
González adelantó que “estamos trabajando en conjunto con Ministerio de Seguridad de la Nación y hemos cruzado datos con el Ministerio de Capital Humano, pusimos a disposición de la causa principal el conjunto de documentación que aportamos a la denuncia, porque lo que buscamos es esclarecer y que exista una condena para estos hechos de corrupción instalados que involucran la utilización del hambre para el beneficio de unos pocos”.
“Es una matriz de corrupción enquistada en el seno del poder que les permite a gobiernos como el Gildo Insfrán montar estructuras infranqueables para perpetuarse en el poder”, finalizó diciendo. (expresdiario.com)
