Los datos se desprenden de un estudio de la Fundación Libertad, en base a los presupuestos 2025 de los 24 distritos. El ranking completo.
Las provincias argentinas destinarán este año $1,42 billones al funcionamiento de sus legislaturas, lo que equivale a $1,182 millones por legislador con diferencias sustanciales en los gastos parlamentarios de cada distrito. De acuerdo a un nuevo ranking, Tucumán es la que asigna las mayores cifras en ese sentido.
El estudio fue realizado por la Fundación Libertad, que desde 2018 analiza el nivel de gasto de los poderes legislativos provinciales con base en los presupuestos anuales.
Qué provincias destinan mayores fondos a sus legislaturas
Provincias como Santa Cruz, Río Negro y Corrientes destinan más del 95% del gasto legislativo a personal, mientras que San Luis (73,9%) y Neuquén (75,7%) exhiben una menor proporción. En promedio, cada legislador cuenta con 26 empleados a su cargo, aunque en Corrientes esa cifra asciende a 72.
En comparación con los datos con los de las Comunidades Autónomas de España, cuyo gasto total en legislaturas equivale a €453 millones. Convertido al tipo de cambio oficial, representa $483.486 millones, muy por debajo de los $1,42 billones argentinos.
Según el informe, un legislador provincial argentino cuesta tres veces más que su par español, mientras que el peso del gasto legislativo sobre el presupuesto es 6,4 veces mayor en Argentina. El caso de Tucumán es paradigmático: su gasto por legislador supera 7,3 veces al de la Región de Murcia, mientras que Buenos Aires gasta 7,3 veces más que Madrid.
La Fundación Libertad concluye que las cifras “muestran una vez más la necesidad imperiosa de reducir el gasto de las legislaturas provinciales”, en línea con los procesos de ajuste y eficiencia impulsados a nivel nacional.
El estudio toma como referencia los Presupuestos 2025 y considera tanto el gasto en sueldos de los legisladores como el de asesores, secretarios, personal administrativo y contratados. En promedio, el 86% del gasto legislativo provincial se destina a personal, lo que refleja estructuras sobredimensionadas frente al tamaño de los cuerpos legislativos./AmbitoFinanciero
