La jornada de protesta en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) derivó en un grave episodio de violencia institucional, cuando la Policía de Formosa reprimió de manera brutal a mujeres que se manifestaban pacíficamente dentro del edificio, reclamando el acceso a una vivienda y denunciando presuntas adjudicaciones irregulares a Marcelo Sosa y a dirigentes oficialistas.
La represión fue ordenada por el Juez Pablo Picabea, en base a una denuncia impulsada por el administrador del IPV, Marcelo Ugelli, contra las manifestantes. Se trató de mujeres que expusieron públicamente una realidad largamente denunciada: décadas de espera sin respuestas, mientras viviendas sociales habrían sido entregadas como favores políticos.
El eje del reclamo apuntó, entre otros casos, al concejal Marcelo Sosa, militante de la agrupación 17 de Octubre y compañero de fórmula de Petú Argañaraz, esposa de Ugelli.
Según las denuncias, Sosa es adjudicatario de dos viviendas sociales contiguas, luego unificadas y transformadas en una amplia casaquinta con pileta, utilizada para fiestas privadas, en abierta contradicción con el discurso oficial de «sorteo público y transparente, sin excepciones».
Minutos antes del violento operativo, Ugelli había declarado irónicamente que «estas personas quedaron a cargo del cuidado de la Policía de Formosa», sin explicar por qué se negó sistemáticamente a recibir y dialogar con las manifestantes, que reclamaban desde hace años una audiencia formal. Las declaraciones fueron realizadas a la agencia oficial AGENFOR, en un contexto de creciente tensión.
Lejos de facilitar una salida pacífica —tal como habían solicitado las mujeres—, el grupo antimotines irrumpió de manera inmediata, golpeando y reduciendo a las manifestantes, muchas de ellas mujeres con niños, en un accionar que generó repudio por su desproporción y brutalidad. No hubo instancias de mediación ni plazos razonables para el retiro voluntario. Pidieron 10 minutos para retirarse pacificamente, no les dieron: reprimieron.
El contraste resulta contundente: mano dura contra mujeres pobres que reclaman un derecho constitucional, mientras la impunidad parece garantizada para el narcotráfico, la delincuencia y los abusos de poder, en una provincia donde la seguridad suele exhibir severidad selectiva y obediencia política.
Lo ocurrido en el IPV no fue un exceso aislado, sino una señal alarmante del uso del aparato judicial y policial para disciplinar la protesta social, silenciar denuncias incómodas y proteger privilegios.
La represión ordenada contra quienes piden una vivienda desnuda una lógica de poder que criminaliza la pobreza y blinda a los propios, profundizando una crisis institucional que ya no puede disimularse con discursos de transparencia./OpinionCiudadana
