Una decisión del Gobierno acelera el fallo definitivo en contra de la Argentina por la expropiación de YPF

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La jueza Loretta Preska está en condiciones de firmar la sentencia adversa para el país desde hoy. La magistrada le dio la razón a los demandantes y el país debería pagar más de US$16.000 millones.

La Argentina se negó a participar en la redacción del fallo de la jueza Loretta Preska por el juicio que se sigue contra el país en los tribunales de Nueva York por la expropiación de YPF. A partir de ello, la magistrada está en condiciones de publicarlo y dejar firme la sentencia que obliga a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones.

“La decisión de la Argentina no participar de la redacción del fallo agiliza su publicación, podría salir hoy si Preska quisiera”, explicó a TN, Sebastián Maril, de Latam Advisors. El especialista, que siguió el juicio en Nueva York, prevé que la jueza deje firme la sentencia con los costos propuestos por los demandantes, que ascienden a US$16.097 millones al día de hoy.

Este jueves, además, se confirmó que la tasa de interés post fallo es variable y se ajusta semanalmente. Maril indicó que esta semana sería de 5,4%. La Argentina solo reconoció daños por US$4920 millones.

La Argentina apelará el fallo por YPF

El fallo se conoció en agosto, tras ocho años de litigio y un juicio de tres días realizado en julio. La Argentina apelará en octubre a través de la Procuración del Tesoro, según adelantó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

“El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, sostuvo la funcionaria apenas conocida la decisión.

Más allá de eso, los tiempos electorales marcan que probablemente será el próximo gobierno el que deba definir si negocia con el fondo demandante o lleva el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Si hubiera una apelación argentina, Maril cree que el fondo demandante irá por el embargo de bienes argentinos en el exterior porque tiene el derecho de hacerlo. Así como sucedió en 2012, cuando se retuvo a la Fragata Libertad en Ghana por las deudas impagas del país.

En caso de que la Argentina desista de apelar y decida pagar -aunque todavía le quedan numerosas vías legales para explorar- el especialista sostuvo podría cancelar la obligación mediante una colocación directa de bonos, como los que le dio a Repsol en 2014.

El origen del juicio

En 2012, la Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la empresa española Repsol, a la que le pagó recién en 2014. Sin embargo, la familia Eskenazi -que tenía una participación minoritaria en la petrolera- tomó medidas legales contra el país porque se vio perjudicado tras la maniobra oficial para hacerse del control sin ofrecerles comprar su paquete accionario.

Tiempo después, la familia Eskenazi le vendió el juicio a Burford Capital, que actualmente litiga contra la Argentina. Lo que estaba en discusión en este juicio es la fecha en la que la Argentina tomó efectivo control de los títulos de la petrolera. Según el fondo demandante, fue el 16 de abril de 2012, cuando ingresó al Congreso el proyecto de expropiación de YPF. Para la Argentina, esa fecha fue el 7 de mayo del mismo año.

Preska excluyó explícitamente a la empresa de la demanda porque había sido exonerada previamente; por el contrario, la sentencia es contra el Estado argentino. La magistrada consideró que el país tomó de “manera indirecta” el control de la petrolera el 16 de abril, tal como pedía el fondo Burford Capital, que compró el juicio a los demandantes originales. (tn.com)