Lázaro Báez facturó aproximadamente 172 millones de pesos entre 2020 y 2025 mediante el alquiler de propiedades, muchas de las cuales están bajo el control de la Justicia. Esta revelación llevó al fiscal Diego Luciani a intensificar sus esfuerzos en la causa Vialidad para recuperar un estimado de 684.000 millones de pesos que se considera como daño causado al Estado por irregularidades en la asignación de fondos para obras públicas no terminadas. Los alquileres percibidos por Báez durante este período son objeto de posible incautación, aunque el proceso es complicado debido a que parte de los ingresos están en manos de su pareja, Noemí Insaurralde, quien tiene poderes sobre sus activos.
Entre los inquilinos de Báez se encuentra Claudio Ángel Kirchner, sobrino de Néstor Kirchner y actual director de Recursos Físicos y Logística en Santa Cruz, quien le pagó más de 5 millones de pesos por el alquiler de una propiedad en Río Gallegos. A pesar de que Báez había afirmado que sus ingresos mensuales por alquileres eran de aproximadamente 800.000 pesos, los documentos del fiscal indican que sus verdaderas ganancias fueron mucho mayores. Estos datos son utilizados para reforzar la estrategia jurídica del Tribunal Oral Federal N.º 2, que impuso a los condenados en la causa Vialidad la obligación de devolver las sumas desviadas al Estado.
Báez, condenado a 15 años de prisión por su papel en las causas Vialidad y la Ruta del Dinero K, empleó tácticas como la creación de sociedades pantalla y estructuras offshore para desviar fondos mal habidos. La fiscalía también detectó movimientos sospechosos ligados a Claudia Insaurralde, lo que sugiere un posible intento de ocultar activos. Para asegurar la recuperación de los fondos, la Justicia ordenó medidas como la apertura de una cuenta en el Banco Nación para depositar cualquier recuperación y la ampliación de embargos preventivos en un esfuerzo por evitar que los condenados continúen usufructuando sus bienes ilícitamente obtenidos./Fuente: ContextoTucumán
