La Agremiación de Trabajadores de la Educación (Voz Docente) presentó un formal pedido de intervención urgente ante el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, conducido por el ministro Ing. Julio Aráoz. La nota administrativa expone la creciente conmoción dentro del ámbito educativo provincial a raíz de reiterados episodios de hostigamiento virtual, escrachen en redes sociales y difamaciones dirigidos hacia los educadores por parte de integrantes de las comunidades escolares.
La presentación formal advierte sobre un escenario de desprotección institucional que afecta de manera directa el libre desarrollo de las clases y la estabilidad emocional de los docentes, solicitando la pronta ejecución de protocolos específicos, capacitación técnica e instancias de resguardo legal y psicológico para el sector.
Creciente preocupación y temor en el sector docente
Según se explicita en el escrito formal ingresado formalmente por la Mesa de Entradas del Ministerio, los educadores de diversos niveles vienen manifestando un constante clima de hostilidad que repercute de forma directa en su desempeño cotidiano.
«En los últimos meses hemos recibido numerosas consultas de afiliados que manifiestan temor al concurrir a sus lugares de trabajo producto de hostigamiento, escraches, difusión de imágenes sin consentimiento, amenazas y difamaciones a través de redes sociales y grupos de mensajes, protagonizados por integrantes de la comunidad educativa», expresaron las autoridades del gremio.
Desde la entidad sindical explicaron que el impacto de este tipo de prácticas no debe minimizarse, ya que atenta directamente contra los derechos laborales básicos y la convivencia institucional. En ese marco, recalcaron la diferencia sustancial entre la libertad de expresión o la discrepancia y las agresiones directas.
«Estas prácticas constituyen violencia laboral y tienen graves consecuencias en la salud integral del docente, en el clima institucional y, por ende, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendemos que la crítica y el reclamo son derechos, pero la agresión, la humillación pública y la amenaza no pueden naturalizarse», remarcaron en la misiva dirigida a la cartera educativa provincial.
Los cuatro puntos clave requeridos al Ministerio
Frente a la gravedad de los hechos reportados, la Comisión Directiva de Voz Docente estructuró un petitorio de cuatro medidas concretas que demandan una implementación inmediata por parte de las autoridades educativas:
- Protocolo de actuación: La elaboración e implementación de un Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia Digital hacia el Personal Docente que establezca pasos claros de intervención, resguardo y acompañamiento.
- Capacitación obligatoria: Formación obligatoria para equipos directivos y supervisores sobre abordaje, prevención y marco legal de la violencia digital.
- Asesoramiento legal gratuito: Garantizar asistencia y patrocinio jurídico gratuito desde el Ministerio para los docentes víctimas de estos hechos.
- Concientización a las familias: Realización de campañas de sensibilización dirigidas a las familias sobre el uso responsable de las redes sociales y la utilización de los canales institucionales formales de reclamo.
La obligación del Estado de garantizar condiciones de enseñanza
Para finalizar el documento, la conducción del gremio docente resaltó la responsabilidad indelegable del Estado provincial en materia de seguridad laboral y salud ocupacional dentro del ámbito educativo publico.
«El estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas y seguras para enseñar. Un docente con miedo no puede enseñar en plenitud. Proteger a quién enseña es también proteger la escuela pública», concluye el texto institucional firmado por el Secretario General Manuel Pereyra junto a los miembros de la Mesa Directiva del gremio./
