Durante una entrevista radial con FM VLU 88.5, Manuel Pereyra, Secretario General de la Agremiación Voz Docente puso el foco sobre la reciente aparición de amenazas y pintadas intimidatorias en diversos establecimientos —como la reportada recientemente en una escuela del barrio Luján— y la respuesta oficial a través de la Resolución 1439.
La charla comenzó contextualizando una realidad que ya no parece ser un hecho aislado. Se mencionaron casos similares en otras ciudades, como Mar del Plata, donde se registran decenas de denuncias por retos virales de TikTok o desafíos digitales que culminan en amenazas de tiroteos. Ante este panorama, el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia rompió su hermetismo con un nuevo protocolo de acción ante la presencia de armas de fuego.
Sin embargo, para Pereyra, la solución propuesta carece de una visión integral de protección para el trabajador. Según el dirigente, el Estado parece haber optado por una salida burocrática que delega la seguridad en manos de quienes deberían estar enseñando. Al respecto, fue contundente: «La responsabilidad del Estado era garantizar condiciones adecuadas de seguridad y cuidado, no pasarle la pelota a los docentes que es lo que ocurre con este protocolo».
La escuela como reflejo de una crisis social profunda
Para el titular de Voz Docente, lo que ocurre dentro de los muros escolares no puede desvincularse de la realidad externa. Pereyra advirtió que culpar exclusivamente a las redes sociales o a la rebeldía juvenil es una mirada simplista que ignora la raíz del problema.
«No son episodios aislados ni excepcionales. Son situaciones recurrentes que expresan una crisis social y económica y está ya dentro de la escuela», explicó el profesor durante la entrevista. En este sentido, criticó que se pretenda que el docente sea quien gestione crisis de violencia armada o situaciones de inseguridad ciudadana sin el respaldo de profesionales especializados. «Acá tiene que ser personas idóneas con respecto a la seguridad», enfatizó, cuestionando que incluso en algunos colegios se haya visto a porteros realizando controles de ingreso.
El malestar por la sobrecarga en el «ser docente»
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el impacto emocional y laboral que este protocolo genera en los educadores. Pereyra relató que el sentimiento generalizado en las salas de profesores no es solo de temor ante posibles actos violentos, sino de un profundo cansancio ante la acumulación de tareas administrativas y de control.
«La comunicación que yo tuve con los colegas después de que aparecieron el protocolo es nuevamente nosotros somos lo que más nos dan más actividad, nos recargan más actividad», señaló Pereyra, agregando que los docentes sienten que el sistema los utiliza como «fusibles» de contención ante cualquier conflicto. «La queja es que nuevamente recae todo sobre el ser docente, lamentablemente», sentenció con preocupación.
La necesidad de una mesa multisectorial y la escucha activa
Hacia el final de la charla, tanto los conductores como el entrevistado coincidieron en que una problemática de este calibre no puede resolverse con una resolución firmada de forma unilateral desde una oficina ministerial. Se planteó la necesidad urgente de una mesa donde se escuche a todos los sectores: gremios, padres, especialistas en niñez y, fundamentalmente, a los alumnos.
Pereyra destacó la importancia de descifrar qué intentan comunicar los jóvenes a través de estas conductas disruptivas: «A los chicos hay que escucharlo y los mayores somos los que tenemos que prestar la atención a lo que al mensaje que están dando los chicos. El mensaje que están dando es por algo». El dirigente cerró su intervención lamentando que el protocolo haya sido elaborado «en la oficina del ministro de Cultura y Educación sin la participación de todos los actores», insistiendo en que, mientras no se aborde el problema desde la seguridad y la asistencia social profesional, el docente seguirá «atajando los penales» en una situación de total vulnerabilidad./DiarioExpes
