La asociación de entidades periodísticas cuestionó una sentencia de un juez local que condenó a periodistas a 5 días de prisión (o a pagar una multa) por hacer su trabajo.
No es el mejor momento para la libertad de expresión en la Argentina. A los frecuentes insultos del presidente Javier Milei contra los medios, ahora se suma un caso provincial en Formosa. Un Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, condenó a un grupo de periodistas a 5 días de arresto, con la posibilidad de reemplazarlos por una multa, solo por hacer su trabajo.
El caso tomó relevancia este jueves por el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). El organismo expresó su «profunda preocupación y rechazo» ante la sentencia contra cuatro personas del equipo periodístico de «Hambre de Futuro», ciclo de LN+.
La sentencia consideró a los periodistas Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa. Los acusan de haber realizado entrevistas y filmaciones en la Comunidad San José sin contar con la autorización previa exigible y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo. La pena de prisión puede intercambiarse por una multa de $282.550.
«ADEPA considera especialmente preocupante e inadmisible que una controversia vinculada con el ingreso y la realización de actividades periodísticas en una comunidad haya derivado en una sanción de naturaleza penal o contravencional contra quienes desarrollaban una tarea informativa», afirmó la entidad en un comunicado.
«La libertad de prensa protege el derecho de los periodistas a investigar, entrevistar, registrar y difundir información de interés público, y cualquier restricción a ese ejercicio debe ser compatible con las garantías constitucionales y convencionales que protegen la actividad periodística», agrega el documento.
ADEPA recordó además que en Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista, investigar, formular preguntas o difundir información. «La libertad de buscar, recibir y comunicar informaciones está reconocida por la Constitución Nacional a todas las personas y no puede quedar condicionada al otorgamiento de una credencial por parte del Estado ni por organismo alguno», afirmó.
El documento cuestiona además que la decisión judicial «se funde exclusivamente en la declaración o denuncia del cacique Guillermo López», la cual «resulta desmentida por los registros audiovisuales de las notas periodísticas»./bardeo.news
