Los pedidos apuntan a presuntas responsabilidades políticas del presidente y el vicepresidente en el colapso de la entidad financiera.
La crisis financiera de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo político en Paraguay. Este miércoles, un grupo de 35 diputados presentó formalmente pedidos de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, a quienes atribuyen presuntas responsabilidades en las circunstancias que derivaron en la intervención y posterior proceso de disolución de la entidad bancaria .
La presentación fue impulsada por los legisladores Rocío Vallejo, Raúl Benítez y Johanna Ortega, con el acompañamiento de representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), otras fuerzas opositoras y sectores disidentes del Partido Colorado.
Los promotores de la iniciativa solicitaron convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para este jueves 5 de noviembre, a las 10, con el objetivo de tratar primero la acusación contra Peña y posteriormente la correspondiente al vicepresidente Alliana. Sin embargo, la convocatoria todavía no había sido confirmada.
Los documentos presentados ante el Congreso plantean una serie de cuestionamientos relacionados con los vínculos empresariales del mandatario con el grupo propietario de Ueno Bank y las decisiones adoptadas durante su administración.
Entre los principales señalamientos aparece un posible conflicto de intereses por la participación que Peña mantuvo en el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial vinculado a la entidad financiera, hasta marzo de 2025.
Otro de los puntos incluidos en el pedido se relaciona con la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en instrumentos financieros de Ueno Bank. Los legisladores sostienen que existieron posibles incumplimientos de los límites regulatorios y reclaman investigar el destino de los recursos públicos.
En el caso de Alliana, las acusaciones apuntan a su presunta intervención para proteger legislativamente a la entidad y a su responsabilidad política en las decisiones vinculadas con la administración de fondos previsionales.
Los planteos forman parte de los fundamentos presentados por los diputados y deberán atravesar el procedimiento legislativo correspondiente para determinar si cuentan con respaldo suficiente.
De acuerdo con el artículo 225 de la Constitución paraguaya, la Cámara de Diputados tiene la facultad de formular la acusación contra el presidente y el vicepresidente por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos durante el ejercicio del cargo o delitos comunes.
Para que el proceso avance, la acusación necesita el respaldo de dos tercios de los integrantes de la Cámara Baja. Si consigue esa mayoría, el caso pasa al Senado, que debe encargarse del juzgamiento y resolver si corresponde la destitución.
Por lo tanto, la presentación de los documentos no implica que Peña y Alliana hayan sido sometidos formalmente a un juicio político ni que exista una decisión sobre su continuidad en el Gobierno.
El conflicto se originó luego de que el Banco Central del Paraguay resolviera iniciar el procedimiento de resolución y disolución de Ueno Bank, tras detectar un deterioro significativo en su situación patrimonial.
Según informó el organismo monetario, los ajustes realizados sobre los estados financieros de la entidad dejaron su índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación vigente.
La decisión generó preocupación entre millones de clientes que quedaron temporalmente imposibilitados de operar con sus cuentas. Ueno Bank cuenta con aproximadamente tres millones de usuarios y administraba importantes recursos de organismos públicos, entre ellos fondos del sistema previsional.
En medio de la incertidumbre, también se ordenó la detención de directivos de la entidad en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades.
Frente a las repercusiones económicas y políticas, Santiago Peña anunció que su Gobierno impulsará una ley para garantizar la devolución de los depósitos. Según las estimaciones oficiales, la iniciativa permitiría cubrir al 98% de los ahorristas.
El mandatario también solicitó la salida del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y propuso nuevos integrantes para la conducción de la autoridad monetaria.
Peña pidió tranquilidad a los clientes afectados y aseguró que su administración buscará proteger los recursos de los depositantes. Además, sostuvo que se investigarán las responsabilidades detrás de la crisis financiera.
De esta manera, el caso Ueno Bank dejó de ser exclusivamente un problema del sistema financiero paraguayo y pasó a convertirse en un conflicto institucional que pone bajo presión al Gobierno, mientras el Congreso deberá definir si los pedidos de juicio político consiguen los votos necesarios para avanzar./DataChaco
