La nueva normativa sanciona a las empresas que la incumplan y desresponsabiliza a los niños y las familias. En un contexto de creciente preocupación por la salud mental adolescente, la medida reabre el debate sobre la capacidad de los Estados para regular a las grandes corporaciones.
El 10 de diciembre Australia puso en vigencia una de las regulaciones más estrictas a nivel mundial en materia de redes sociodigitales, niñez y adolescencia. A partir de una ley sancionada por el Parlamento Federal, las empresas propietarias de esas plataformas tienen prohibido habilitar cuentas a menores de 16 años. La medida no penaliza a los usuarios ni a sus familias: traslada la responsabilidad a las corporaciones tecnológicas y abre un nuevo capítulo en la disputa entre los Estados y las grandes empresas digitales.
El fin de la autorregulación
“El punto central es que no se trata de una prohibición de acceso a redes sociales a menores. En realidad es la prohibición de que las empresas dueñas de redes sociodigitales habiliten cuentas a menores de 16 años”, explica Martín Becerra, investigador principal en CONICET y Doctor en Ciencias de la Información. La normativa, subraya, no establece sanciones para niños, niñas, adolescentes ni para sus padres o tutores legales. El foco está puesto en las corporaciones: la legislación australiana establece que las empresas deberán implementar sistemas efectivos de verificación de edad para impedir la creación de cuentas por parte de menores de 16 años. En caso de incumplimiento, las sanciones económicas recaen exclusivamente sobre las plataformas.
Uno de los puntos centrales que subyace a la decisión australiana es el reconocimiento del fracaso de la autorregulación. “Las grandes empresas han demostrado que no pueden ser juez y parte de la defensa del interés público cuando están involucrados su afán de lucro y sus servicios; por lo tanto se necesita la intervención de poderes públicos que limiten la concentración excesiva de poder en pocas manos”, afirma Becerra.
En ese marco, la medida australiana introduce un cambio central: desplaza la responsabilidad del cuidado desde las familias hacia las empresas. Carolina Martínez Elebi, Licenciada en Comunicación (UBA) y especialista en tecnología, plataformas digitales, IA y derechos humanos, explica: “Todo esto, tal y como está diseñado dentro de la lógica de la autorregulación, ha demostrado no ser suficiente. Es el Estado el que debe tomar un rol mucho más activo en la regulación y que ésta, en todo caso, no puede quedar librada a una decisión individual o familiar; sino que tiene que ser algo desde el sistema hacia las propias empresas”.
La norma alcanza a las principales redes sociodigitales de interacción masiva, como Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, X (ex Twitter), entre otras. En los primeros días de implementación, Snapchat fue una de las plataformas que efectivamente suspendió perfiles de menores de 16 años. En otras, como Instagram y TikTok, la aplicación fue más irregular y dejó en evidencia las dificultades técnicas y los márgenes de evasión que todavía persisten.
Martínez Elebi señala que las plataformas sabían -por estudios internos- que estos mecanismos fomentaban un uso compulsivo; incluso en menores de edad que manifestaban querer dejar de usarlas o sentirse mal por su consumo. Ansiedad, depresión, comparación constante con otros cuerpos y estilos de vida, dificultades en la construcción de la identidad y del sentido de pertenencia aparecen de manera recurrente en los diagnósticos. En los casos más extremos, la reciente evidencia judicial de distintos países da cuenta de vínculos entre estas dinámicas y pensamientos suicidas o autolesiones.
La especialista aclara: “No se puede adjudicar esto únicamente al uso de estas plataformas. Hay otros contextos, otras condiciones y cuestiones de base que tienen que ver con los propios entornos de cada niño, de situaciones que pueden ser familiares o del ámbito doméstico o incluso en los espacios donde se desenvuelven, que puede propiciar mucho esta relación”.
En la misma línea, Martín Becerra advierte contra los diagnósticos simplistas: “No existe una relación directa, automática, exenta de complejidades. El uso de redes sociodigitales no causa necesariamente y en todos los niños, niñas y adolescentes depresión, ansiedad o falta de contacto con sus pares; eso es falso”. El problema, explica Becerra, emerge cuando las redes se convierten en espacios de refugio frente a la ausencia o fragilidad de otros ámbitos de socialización y contención, como la familia, la escuela, el barrio o los espacios comunitarios. En esos casos, lejos de ofrecer alivio “las redes sociodigitales pueden profundizar estados complicados previos y acelerarlos, conduciendo, incluso, a autolesiones o problemas mayores”, concluye.
Vivir sin redes
Andrea Mederos vive en Sidney desde hace casi siete años. Es profesora universitaria, empresaria y madre de tres hijos de 17, 15 y 11 años. Para ella, la prohibición fue recibida “con alegría” y sin grandes resistencias. “Acá los teléfonos están prohibidos en los colegios desde hace tiempo. Los chicos no pueden usarlos ni en recreos ni en actividades escolares”, cuenta.
Su relato permite entender algo central: la medida no se aplica en el vacío. Australia combina políticas de restricción digital con un entorno que ofrece alternativas reales. “Los chicos van solos al colegio desde los 9 o 10 años, juegan en las calles, salen a andar en bicicleta, van a pescar, hacen surf todos los días”, explica. En ese contexto, las pantallas no ocupan el lugar central que tienen en otras sociedades.
La medida funciona bien porque es masiva. “Nadie está pensando cómo hacer trampa”, dice Andrea. Y agrega un punto clave: cuando todos los amigos están en la misma situación, el costo social desaparece. No hay exclusión ni castigo simbólico por quedar afuera. “Me siento agradecida por esta medida. Así como la prohibición de los teléfonos en los colegios sólo les dio a los chicos más posibilidades de socializar y ser creativos, esta normativa los liberará de la dependencia del celular”, concluye.
Pero la mirada adulta no es la única. Una de las hijas de Andrea, de 15 años, cuenta una experiencia más ambigua. En la práctica, la implementación fue desigual: Snapchat suspendió cuentas con cierta demora, mientras que Instagram, TikTok y Youtube siguieron funcionando en muchos casos: “Si habías puesto una edad mayor, no pasó nada”, explica. La medida todavía tiene grietas técnicas y deja preguntas abiertas.
Sin embargo, confirma algo relevante: no hubo protestas masivas ni rechazo generalizado. Sí hubo debates, mensajes al gobierno y discusiones en las escuelas. Incluso algunos adolescentes expresaron preocupación por emprendimientos propios que dependen de Instagram u otras plataformas, un dato que complejiza la idea de “desconexión total” y obliga a pensar regulaciones más finas.
¿Y en Argentina?
En Europa, Canadá y países de América Latina como Brasil y Colombia, avanzan regulaciones que imponen obligaciones a las grandes corporaciones sociotecnológicas: desde multas por contenidos discriminatorios hasta límites al abuso de posición dominante. Australia se suma a ese mapa con una de las medidas más estrictas.
El contraste con Argentina es evidente: “Aquí las fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria no han enunciado ningún tipo de agenda sobre plataformas digitales, redes sociodigitales, salud pública de menores de edad o de población vulnerable. Más bien lo que parecer ser un consenso importante de todas estas fuerzas es evadir el tema como si no existiera”, explica Becerra.
La experiencia australiana no resuelve por sí sola los riesgos asociados al uso de redes sociales, pero introduce un cambio clave: convierte un problema “privado” en una discusión pública. Al desplazar la carga del control desde las familias hacia las empresas, el Estado asume un rol activo en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
En un escenario global donde las plataformas concentran poder económico, tecnológico y cultural, la medida abre un interrogante: hasta dónde pueden y deben llegar los Estados para regular a las grandes corporaciones sociodigitales y garantizar que el cuidado no dependa únicamente de decisiones individuales./anccom.sociales.uba
