La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la inhabilitación de una importante cantidad de planes sociales debido a irregularidades.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó hace unos días que se procederá a la cancelación de 60.000 pensiones de la ANSES debido a incumplimientos con los requisitos. Esta medida se debe a una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que descubrió una «actividad fraudulenta a gran escala» de hasta 3.400 millones de dólares durante el último año.
La auditoría, dirigida por Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de ANDIS, y Mario Russo, Ministro de Salud, reveló un aumento significativo en el número de Pensiones No Contributivas por invalidez laboral. Estas pensiones se incrementaron de 79.000 en 2003 a 1.222.000 a diciembre de 2023, un aumento que fue descrito como «estratosférico» y comparable a las cifras de países en crisis económica severa.
Entre las irregularidades identificadas, se descubrió que 683 empleados de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires estaban recibiendo pensiones por invalidez, con un alarmante 65% de estos casos otorgados en menos de 30 días. La magnitud de estas irregularidades llevó al Gobierno a tomar medidas contundentes para corregir el mal manejo en la concesión de pensiones y reforzar la integridad del sistema.
Por otro lado, la ANSES también confirmó recientemente los aumentos y bonos que recibirán el próximo mes los jubilados y pensionados.
Qué pensiones serán dadas de baja por el Gobierno
Estas 60.000 pensiones que el gobierno dará de baja estarán destinadas a personas con discapacidad debido a irregularidades en su otorgamiento. Estas pensiones serán dadas de baja por no cumplir con los requisitos establecidos. Las irregularidades incluyen la posesión de varios vehículos, propiedades, bienes en el extranjero, embarcaciones y aviones privados por parte de los beneficiarios.
Además, se descubrió que muchos de estos individuos también estaban recibiendo el servicio de obra social Incluir Salud, lo que generó un gasto promedio de 1.5 millones de pesos por afiliado. Manuel Adorni, vocero presidencial, enfatizó que las pensiones por discapacidad deben ser asignadas exclusivamente a quienes realmente requieren esta asistencia debido a una discapacidad que les impide trabajar.
El Gobierno advirtió que las pensiones otorgadas fraudulentamente serán denunciadas penalmente, en el marco de una política más amplia para combatir la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
