El Gobierno nacional empezó la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL). Se revisarán más de un millón de subsidios que se entregan a beneficiarios de todo el país, tarea que tendrá a cargo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Formosa no será la excepción, y ya los beneficiarios comenzaron a recibir la documentación pertinente para acreditar su condición.
Esta auditoría se enmarca en el plan del gobierno de extremar los controles sobre las prestaciones que otorga el Estado, como la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral que había sido publicada en el Boletín Oficial.
Se auditarán un total de 1.013.400 casos en toda la Argentina. La decisión de revisar cada uno de estos expedientes surge tras la detección de irregularidades en un operativo previo: en 2024 se auditaron 22.417 pensiones, de las cuales el 80% no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Como parte de esas inspecciones, se dieron de baja 212 pensiones que eran cobradas desde cárceles y otras 150 pertenecientes a personas fallecidas.
El Gobierno sostiene que la falta de digitalización de los registros ha sido uno de los principales obstáculos para garantizar la transparencia en el otorgamiento de estos beneficios. Por ello, una parte fundamental del proceso de auditoría consiste en la digitalización de los documentos de cada beneficiario, a fin de evitar pérdidas de información y asegurar que todas las personas tengan la oportunidad de revalidar su situación mediante evaluaciones médicas y controles documentales.
La documentación a presentar
Al beneficiario se le pide presentar el documento nacional de Identidad más la documentación médica respaldatoria, que deberá presentar en las diferentes oficinas dispuestas y en el centro médico que se le indique en la citación.
Estas auditorías, informó el Gobierno nacional, se harán a lo largo del 2025.
