El procurador interino Eduardo Casal elevó su dictamen en la causa “Vialidad”, respaldando el pedido de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El dictamen, aunque no vinculante, sostiene la postura de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes acusan a la exmandataria de liderar una asociación ilícita y de cometer administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ahora, la definición queda en manos de la Corte Suprema, lo que podría sellar el destino político de la exvicepresidenta.
El caso gira en torno a la adjudicación irregular de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, de los cuales 50 fueron otorgados al empresario Lázaro Báez, considerado socio de los Kirchner. Según la acusación, la operatoria incluyó licitaciones amañadas, sobreprecios, pagos anticipados y falta de control estatal. Muchas de las obras no fueron terminadas o ni siquiera iniciadas, pero igual fueron financiadas. El fiscal Luciani calificó el esquema como “la matriz más extraordinaria de corrupción” en la historia del país.
El dictamen de Casal refuerza la tesis de que existió una organización criminal estructurada y permanente, descartando la interpretación judicial que había negado la figura de asociación ilícita por considerar los hechos como un “delito continuado”. También objetó la absolución de varios exfuncionarios clave, como Julio De Vido, José López, Abel Fatala y Héctor Garro, cuestionando la exclusión de pruebas relevantes, como testimonios de arrepentidos de la causa “Cuadernos”, y la reducción drástica del monto del decomiso económico ordenado por el tribunal.
El caso “Vialidad” se convirtió en un símbolo de la lucha judicial contra la corrupción en la obra pública y ha generado un fuerte impacto político. Cristina Fernández se defendió públicamente, denunciando una persecución judicial y asegurando que las decisiones cuestionadas formaron parte de políticas de Estado. Sin embargo, con la condena ya ratificada en dos instancias, y a la espera del fallo de la Corte Suprema, su futuro político pende de un hilo, especialmente tras el rechazo de la ley de “Ficha Limpia” en el Senado.
