El ejercicio del periodismo y la vigencia de las garantías normativas en el territorio provincial atraviesan una coyuntura de extrema tensión institucional. La controversia cobró escala tras la difusión de una medida sancionatoria adoptada por los estrados locales contra un equipo de trabajo de la señal radial y televisiva LN+, el cual se encontraba realizando un relevamiento sobre la realidad socioeconómica de las comunidades originarias. La decisión de un juez de menor cuantía provincial desató un fuerte rechazo en el ámbito político, siendo el exconcejal de la ciudad capital, Diego Herrera, uno de los dirigentes que se posicionó con mayor firmeza en el espacio público contra la medida.
El foco del conflicto radica en la resolución emitida por el titular del Juzgado de Paz de la localidad de Las Lomitas, Omar Padilla. El fallo impone a los comunicadores la alternativa de cumplir cinco días de arresto efectivo o hacer frente al pago de multas de elevado monto económico. La fundamentación de la penalización descansa en la presunta falta de acreditaciones estatales y permisos locales habilitantes para la filmación y la realización de entrevistas en el espacio público, argumentación que fue calificada por diversos analistas y referentes como un mecanismo de amedrentamiento profesional.
Gravedad institucional y vulneración de las garantías normativas
Analizando los alcances jurídicos y el impacto de la resolución dentro del sistema democrático, Herrera ofreció una lectura crítica sobre el trasfondo de la disposición judicial. Para el dirigente capitalino, la decisión sienta un precedente gravoso para la convivencia republicana y el libre acceso a la información en la región.
«Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada que vulnera de manera directa la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos», aseveró la exautoridad municipal al referirse al encuadre legal que sustenta la sanción contra los trabajadores de prensa.
Asimismo, Herrera centró su análisis en la arbitrariedad de exigir credenciales gubernamentales para el desarrollo de tareas de investigación o recolección de testimonios. «La exigencia de una supuesta ‘autorización previa’ o de un ‘carnet estatal’ para poder filmar o entrevistar en nuestra provincia es un delirio autoritario que busca reinstaurar la censura previa, algo totalmente desterrado de nuestra democracia», profundizó el dirigente.
La primacía de la Constitución frente a los ordenamientos locales
Un punto central del debate técnico-jurídico gira en torno a la escala jerárquica de las normas. Desde la perspectiva de la dirigencia opositora, ningún código de faltas ni disposición municipal de rango inferior posee la atribución de cercenar preceptos establecidos en el ordenamiento supremo de la República Argentina.
En ese sentido, el exedil remarcó la inviabilidad de supeditar el derecho a informar a condicionamientos de carácter contravencional: «Ninguna normativa local o código de faltas puede estar por encima del artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza la libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Condenar a trabajadores de prensa por buscar información es un golpe al corazón de las instituciones y un intento explícito de disciplinar a quienes se atreven a mostrar lo que el poder central quiere ocultar».
La argumentación expuesta pone de relieve el riesgo de que las herramientas administrativas del fuero contravencional sean utilizadas como barreras formales para impedir la difusión de realidades complejas en sectores vulnerables de la provincia.
Señalamientos sobre la imparcialidad del fuero de Paz
La actuación del magistrado Omar Padilla también se encuentra en el centro de las impugnaciones vertidas por la oposición. Las críticas apuntan no solo al contenido formal de la sentencia, sino también a la filiación política del juez y a las circunstancias temporales de su incorporación al Poder Judicial, dado su antecedente como militante de la fuerza política gobernante y su designación en el cargo durante los primeros meses del año 2025.
Bajo esa premisa, se cuestiona la objetividad e independencia que debe regir en las decisiones emanadas desde el estrado, señalando que la resolución adoptada responde más a una lógica de alineamiento con el Poder Ejecutivo provincial que al estricto apego a los principios rectores del derecho constitucional.
El derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada
Para concluir su exposición, Herrera trasladó el eje del debate desde la figura individual de los profesionales afectados hacia la sociedad en su conjunto, sosteniendo que la limitación al trabajo de la prensa degrada la calidad democrática global y priva a la población de su facultad para acceder a datos veraces sobre la gestión pública y el estado social del territorio.
«La libertad de expresión no pertenece a los periodistas, pertenece a los ciudadanos que tienen el derecho de estar informados. Si permitimos que el Estado decida quién puede y quién no puede preguntar en Formosa, habremos entregado lo último que nos queda de democracia volviendo a las épocas oscuras de la dictadura», advirtió con firmeza.
El exconcejal culminó su pronunciamiento manifestando una absoluta solidaridad con los integrantes del equipo periodístico alcanzados por la sanción —Micaela Urdinez, Lautaro Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán—, al tiempo que reafirmó la necesidad de mantener un monitoreo permanente desde la sociedad civil y las instituciones legislativas para evitar el afianzamiento de prácticas abusivas contra la labor informativa./DiarioExpres
