Mientras miles de familias formoseñas continúan esperando el acceso al gas natural por redes, una de las obras energéticas más ambiciosas anunciadas durante los gobiernos de Gildo Insfrán y del kirchnerismo vuelve a quedar en el centro de la escena judicial.
El juicio por la denominada Causa Cuadernos expuso nuevamente presuntas irregularidades en la ejecución del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), una obra presentada como estratégica para el desarrollo de la región, pero que terminó convertida en un símbolo de promesas incumplidas, millonarios desembolsos estatales y denuncias de coimas y corrupción.
El caso adquirió renovada repercusión luego de que trascendieran en el debate oral detalles sobre el destino de fondos públicos entregados a la empresa Servicios Vertúa S.A., propiedad del empresario Raúl Vertúa, considerado cercano a Gildo Insfrán y al kirchnerismo y con vínculos políticos en Formosa.
Según surge de la investigación judicial, la firma recibió de ENARSA (Ricardo Cabrera) un anticipo financiero superior a los 86 millones de pesos para ejecutar parte del Gasoducto del NEA. Sin embargo, la Justicia investiga que esos recursos no habrían sido destinados íntegramente a la obra, sino que parte de ellos habría sido transferida a un fideicomiso privado, utilizada para inversiones inmobiliarias y vinculada a gastos que incluyeron la inauguración de un emprendimiento con la contratación del cantante internacional Ricky Martin.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, el caso abre numerosos interrogantes sobre la responsabilidad política y administrativa de quienes impulsaron, adjudicaron, aprobaron y controlaron una obra que nunca llegó a cumplir el objetivo para el cual fue financiada con recursos públicos.
En Formosa, el escándalo adquiere una dimensión particularmente sensible. Durante años, el gobernador Gildo Insfrán anunció el Gasoducto del NEA como una obra transformadora para el desarrollo industrial y la calidad de vida de los formoseños. Sin embargo, el gas natural por redes continúa siendo una deuda pendiente para amplios sectores de la provincia, mientras la infraestructura proyectada y pagada quedó inconclusa.
Uno de los aspectos que hoy vuelve a ser objeto de análisis es el rol desempeñado por Ricardo Alberto Cabrera, histórico funcionario del gobierno provincial. Cabrera fue subsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía y Hacienda entre 1996 y 1999, luego ministro de Economía, Hacienda y Obras Públicas de Formosa entre 1999 y 2005, para posteriormente incorporarse a ENARSA, empresa estatal nacional encargada del desarrollo energético, donde ejerció funciones de dirección durante la ejecución del Gasoducto del NEA.
De acuerdo con la investigación judicial, durante ese período ENARSA autorizó el anticipo financiero otorgado a Servicios Vertúa S.A. Posteriormente, Cabrera regresó a Formosa para asumir como ministro del Superior Tribunal de Justicia, cargo que ocupa desde 2013 hasta que se jubiló.
La causa también analiza la intervención de otros funcionarios de ENARSA en la instrumentación y seguimiento de esos desembolsos. Entre ellos figura Marcelo D»Alessio, también sercano a Gildo Insfrán.
Los números reflejan la magnitud del caso. Además del anticipo financiero superior a los 86 millones de pesos, ENARSA realizó otros seis desembolsos a favor de Servicios Vertúa S.A. El último de ellos se registró el 20 de octubre de 2015. Según la documentación incorporada al expediente judicial, la empresa recibió en total 267.867.186 pesos, cifra que asciende a 353.879.190 pesos si se incorpora el anticipo financiero cuya utilización constituye uno de los ejes de la investigación.
Pese a esos desembolsos, la obra nunca fue concluida.
La situación genera fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos de control del Estado. Si los fondos públicos fueron efectivamente utilizados para fines distintos de la ejecución del gasoducto, resulta inevitable preguntarse quién debía supervisar el destino de esos recursos, por qué continuaron autorizándose pagos a una obra que no avanzaba conforme a lo previsto y cuáles fueron las responsabilidades políticas y administrativas de los organismos intervinientes.
El caso vuelve además a poner bajo la lupa el sistema de adjudicación de la obra pública durante aquellos años y la relación entre determinados empresarios y funcionarios nacionales y provinciales. Será la Justicia la que determine las eventuales responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.
Mientras tanto, en Formosa permanece una realidad difícil de ignorar: la provincia sigue esperando una infraestructura energética prometida hace más de una década, mientras cientos de millones de pesos fueron desembolsados por una obra inconclusa que hoy forma parte de uno de los mayores procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública en la Argentina.
El contraste resulta inevitable. Donde debía existir un gasoducto funcionando para abastecer hogares, comercios e industrias, persisten caños inconclusos, proyectos paralizados y una larga lista de preguntas que aún esperan respuesta.
El juicio por la Causa Cuadernos vuelve a colocar esos interrogantes en el centro del debate público y reactiva el reclamo de transparencia, rendición de cuentas y esclarecimiento sobre el destino de recursos que pertenecían a todos los argentinos./PrensaLibre
