En una impactante declaración en Radio Parque, la docente y productora Iris Fernández Insaurralde denunció que el gobierno de Gildo Insfrán está impulsando un desalojo violento e ilegal de su campo, que su familia ocupa legítimamente desde 1930 y cuya tenencia fue ratificada por un fallo de la justicia de Las Lomitas.
«El campo era del abuelo de mi esposo, Alejandro Herrera, y por herencia pertenece ahora a mi marido, Cano Herrera, quien nació y creció en este lugar. Este campo es nuestro sustento, nuestra vida», afirmó Iris, al tiempo que describió años de acoso y abusos de poder para despojarlos de la tierra.
La ruta 81 y la codicia estatal
Fernández señaló que los problemas comenzaron con la valorización de la tierra tras el asfaltado de la ruta 81. «Apareció la ambición de la inmobiliaria del Estado, que busca desalojarnos para repartirse la tierra entre allegados al poder o venderla a inversores externos», denunció.
La policía no nos deja trabajar ni producir. Solo están allí para presionarnos a vender o fundirnos. Esto es una mafia comandada por el gobernador»
En 2006, Manuel «Pombero» Rodríguez, entonces director de Tierras Fiscales, emitió una resolución que describía falsamente al campo como «abandonado» y «sin mejoras». «Esto es mentira. El campo está alambrado en un 95%, tiene potreros, corrales y nuestra casa. Hemos invertido toda nuestra vida en esta tierra», aseguró Iris.
Hostigamiento y abuso de poder
Por lo menos la mercadería para la policía les llega en bolsas de la Municipalidad de Villa Escolar, distante a casi 600 km del campo
La familia Herrera ha enfrentado una persecución sistemática, con aprietes, amenazas y la instalación de un destacamento policial en su propio campo desde hace cinco años. «La policía no nos deja trabajar ni producir. Solo están allí para presionarnos a vender o fundirnos. Esto es una mafia comandada por el gobernador», expresó indignada.
Un juicio ganado, pero ignorado por el poder
En 2006, el juez Chaffer de Las Lomitas falló a favor de la familia Herrera, rechazando los argumentos de Tierras Fiscales y confirmando su legítima posesión del campo. Sin embargo, en 2016, el propio Gildo Insfrán firmó una nueva resolución, junto con la fiscal de Estado Estela Zabala y Manuel Rodríguez, para iniciar otro intento de despojo.
«Ellos no apelaron el juicio que perdieron, quedó firme. Lo que están haciendo ahora es totalmente ilegal», sostuvo Iris.
«Esto es una mafia»
La denunciante vinculó estas maniobras a grandes empresarios con vínculos políticos que, según ella, se están quedando con campos de pequeños productores. «Nosotros no tenemos apoyo ni permiso para trabajar. Mientras tanto, empresarios como Miguel Insfrán de Villa Escolar tienen hectáreas, títulos y todo resuelto y encima viene a denuncirnos a los criollos por usurpadores».
Con lágrimas, Iris concluyó: «Si fuera por el gobernador, ya nos hubieran sacado a la ruta. Pero no vamos a tirar a la borda años de sacrificio. Esto es lo que les estamos enseñando a nuestras hijas: a no rendirse frente a la injusticia».
La denuncia refleja una trama que, de confirmarse, exhibe un abuso de poder que golpea a los pequeños productores y refuerza el cuestionado manejo de la tierra en Formosa bajo el mandato de Gildo Insfrán. (prensalibreformosa.com)