¿Cómo funcionaba la red delictiva del espía Ariel Zanchetta? ¿A quiénes espiaban? ¿Cómo sigue la investigación?
El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita tienen en sus manos una megacausa que investiga el funcionamiento de una presunta red de espionaje ilegal, que tuvo como objetivos a jueces, fiscales, políticos, sindicalistas, artistas, deportistas y dirigentes sociales.
El expediente lleva meses en los Tribunales de Comodoro Py, pero en los últimos días la justicia obtuvo pruebas que complican la situación de uno de los detenidos, el ex espía Ariel Zanchetta, pues se logró rescatar una parte de los informes archivados en su computadora, que tenía reservados para poner en marcha operaciones ilícitas.
Más allá de la repercusión política de este caso, en esta nota intentaremos poner en claro los alcances del expediente judicial que dejó envueltos a funcionarios del oficialismo y a muchas personas que aparecen en las listas de espiados.
¿De dónde surge esta causa de espionaje?
La investigación sobre el presunto espionaje inició analizando la existencia de una organización criminal dedicada a “vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”. Por estos hechos, están procesados con prisión preventiva de Elías Nuñes Pinheiro y Ariel Pedro Zanchetta.
A través de algunos dispositivos electrónicos incautados en el domicilio de Zanchetta se detectó “una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros”.
¿Quién es Nuñes Pinheiro?
Se trata de un hacker de 22 años, quien admitió haber duplicado la tarjeta SIM de varios jueces y funcionarios, a pedido de un usuario de Telegram «Eljuanxd». Para llevar adelante ese “recupero” necesitaba datos personales que obtuvo a través de la plataforma Nosis. Por cada trabajo cobró unos $12.000 o $15.000 pesos con criptomonedas. Sin embargo, no pudo brindar la identidad del usuario que adquirió sus servicios.
Al avanzar la investigación, descubrieron que parte de la información que utilizaba para intervenir las líneas de teléfono se la brindaba el banco de datos privado SudamericaData. Esa empresa reveló que el comprador de ese servicio fue el usuario “Arjunin”, quien resultó ser Ariel Zanchetta.
¿Quién es Ariel Zanchetta?
De acuerdo a las evidencias reveladas por el Ministerio Público Fiscal (MPF), Ariel Zanchetta se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal hasta el 2013; y luego habría sido incorporado como agente “inorgánico” en la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Además se habría desempeñado como asesor de la Cámara de Diputados en materia de seguridad e inteligencia hasta el 2017. En sus correos electrónicos se verificó su contacto con agentes de la AFI.
El fiscal sostiene que “desde comienzos del año 2016 y hasta su detención el 26 de junio de 2023, el encausado se habría dedicado en forma constante y permanente a la realización de actividades de inteligencia ilegal”.
Zanchetta “reunió ilegalmente información personal de miles de personas, la que luego sistematizó y analizó en -al menos- 1196 informes de inteligencia”.
¿Cómo funcionaba la red de presunto espionaje?
El dictamen del MPF indicó que obtenían bases de datos ilegítimamente, con el registro de reuniones o conversaciones bajo la modalidad de “cámaras ocultas”, una “red de informantes” de distintas ubicaciones geográficas y diversos ámbitos, más una serie de equipos y herramientas informáticas para interceptar comunicaciones.
A su vez, se valieron de perfiles falsos en redes sociales y correos electrónicos bajo nombres supuestos; y utilizaron un software con seguridad militar para mantener conversaciones, enviar audios, fotografías, archivos en forma encriptada.
Precisa que Zanchetta obtuvo información proveniente de bancos de datos con acceso restringido de organismos públicos, como la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.
Pero también ingresó a la denominada “Base Nacional de Antecedentes” que reserva datos personales, apodos, antecedentes laborales y penales, modalidades delictivas, vínculos familiares, y pedidos de captura de Interpol de las personas; y a la “Base Nacional de Telefonía Móvil”, mediante la cual acumuló información respecto de los datos de registración, domicilio y titularidad de las líneas celulares de cada uno de los “objetivos”.
A esta lista, los encargados de la pesquisa sumaron bases de datos aranceladas como Sudamericadata, Nosis, Veraz, Riesgo Online, ReportesOnline, Buscardatos, Riesgonet, Agildataonline, CuadroDeSituación, Pypdatos.
¿Qué contenían los informes de inteligencia?
La investigación encontró material que contenía información sobre “opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales, etc”.
En el dictamen del fiscal surgen documentos que ejemplifican que no se limitaban a la persona sobre la que se centraba la actividad de espionaje, sino que también avanzaban sobre “objetivos secundarios”, es decir, personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con el blanco del informe.
¿Quiénes fueron espiados?
Los documentos que tiene en su poder la fiscalía y a los que tuvo acceso A24.com incluyen presidentes de la Nación, empresarios, sindicalistas, deportistas y periodistas, entre otras cientos de personas espiadas por esta red encriptada. Basándonos en la pesquisa, Zanchetta tuvo como “objetivo” personas de exposición pública, tales como:
políticos: Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky.
magistrados: el Procurador interino Eduardo Ezequiel Casal, y los jueces Rodolfo Canicoba, Sebastián Casanello, los fiscales Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone.
funcionarios públicos: Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión, Nicolás Kreplak.
periodistas: Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Baby Etchecopar, Pablo Duggan.
empresarios: Ángelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto, Hugo Krajnc, Héctor Magnetto.
artistas: Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero, David Adrián Martínez (“Dipy”).
dirigentes sociales: Juan Grabois, Milagro Salas.
dirigentes deportivos: Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón, Rodolfo D’Onofrio, Claudio Tapia.
dirigentes sindicales: Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli, Francisco Omar Plaini.
¿Qué delito se investiga?
En principio, para el MPF los integrantes de esta red delictiva violaron la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe a agentes o ex agentes del Servicio de Inteligencia Nacional obtener o almacenar datos sobre personas, por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
El fiscal sostiene que se trata de una organización más amplia porque “de las evidencias informáticas analizadas se desprende que Ariel P. Zanchetta no habría desplegado su actividad en soledad sino que, como anticipamos, contaba con “informantes” que le proporcionaban datos sobre los “objetivos”, “reportaba” parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por “pedido” de otros”.
¿Por qué están investigando a Fabián “Conu” Rodriguez?
El fiscal Pollicita está investigando al actual Subdirector General de Servicios al Contribuyente de la AFIP, Néstor Fabián Rodríguez, alias “Conu”, tras detectar una comunicación sospechosa con Zanchetta. En uno de los celulares de Zanchetta encontró fotografías de una conversación con Rodríguez, a través de la red Telegram, el día 9 de octubre de 2022, donde le encomienda la realización de un “parte” y de una nota periodística para publicar contra el «objetivo», y le confirma que siga “reportándose”. Ese objetivo sería la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, cuya designación en ese puesto había trascendido mediáticamente ese mismo día.
Zancheta le asegura cumplir con el requerimiento, y según lo que se pudo probar, esta tarea fue recompensada “a través del otorgamiento de pauta oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que concedía el Ministerio de Comunicación Pública de dicha provincia, organismo en el que este último (por Rodríguez) se desempeñó en carácter de Subsecretario de Coordinación de Medios desde el 11 de diciembre de 2019 hasta agosto de 2022, en forma previa a ser funcionario público nacional en la AFIP”.
A partir de este material, el MPF solicitó el allanamiento del domicilio de Rodríguez para secuestrar todos sus dispositivos, y confirmar las conversaciones con Zanchetta.
¿Cómo sigue esta megacausa?
En los últimos días, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Marcelo Martinez de Giorgi que se ordenen una serie de medidas de prueba, que incluyeron allanamientos y requisa personal de Néstor Fabián Rodríguez, a los efectos de incautar celulares, computadoras, pendrives, discos externos en su poder, para esclarecer su responsabilidad en las maniobras de espionaje ilegal investigadas.
Durante el operativo se secuestraron: nueve Notebooks, tres Netbooks, dos Macbooks, dos Tablets, veinte pendrives, nueve celulares, dos discos externos y un dispositivo GPS, pero faltaba dar con él y su teléfono personal.
Pasados tres días del procedimiento sin que aparecieran ni Rodríguez ni su celular, Pollicita entendió que podría estar incurriendo en obstrucción de la justicia. En consecuencia, pidió que se ordenara su inmediata detención. Finalmente, Rodríguez se presentó en Comodoro Py, entregó su celular y su pasaporte, y el juez rechazó el planteo del fiscal.
Otra de las cuestiones que requirió Pollicita fue que se llame a ampliar la declaración indagatoria a Ariel Zanchetta, en relación al presunto espionaje ilegal desarrollado desde el año 2016 hasta su detención en junio de este año. Sobre esta cuestión, pudimos saber que el magistrado esperará al resultado de las pericias pendientes sobre los dispositivos, que se concretaría en diciembre.
Por otro lado, el juez Martinez de Giorgi tiene en estudio una serie de pedidos de los presuntos espiados para constituirse como querellantes en esta causa. Entre ellos se encuentran Wado de Pedro, Javier Milei, Sergio Massa, Juan Sebastián Verón.
Fuentes judiciales le dijeron a A24.com que la respuesta la tendrán una vez que se logre verificar si efectivamente fueron victimas de esta red de espionaje, lo que dependerá de un informe que fue encargado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO). (a24.com)
