Más dinero y más pobreza: el 51,7% de los argentinos ya recibe algún tipo de ayuda social

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Cada vez hay más población alcanzada por la mano del Estado; antes de la pandemia el porcentaje era de 43,8% y llegó a 55% en plena crisis sanitaria; hace un año estaba en el 44,7%.

Si un estudioso del impacto que causan las políticas públicas en las sociedades mirase la Argentina pospandemia podría advertir un dato que surge a simple vista: el declamado “Estado presente” no tiene nada que ver con el “Estado eficiente”.

El 2022 terminará con un dato que asombra: el 51,7% de las personas que habitan la Argentina estuvieron alcanzadas por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos o asistencia alimentaria oficial. Los datos, elaborados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina EDSA Bicentenario (2010-2016), EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025) y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), muestran que ese crecimiento, con un pico en 2020 producto de la cuarentena y la crisis del Covid, mantuvo este año una tendencia a la suba que coloca el fenómeno en valores históricos. Y lo que es peor, semejante desembolso apenas logra mantener relativamente quietos algunos índices como los de indigencia y de pobreza, pero está lejos de generar una mejora en las condiciones de vida de la población.

“Este número incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), los planes Potenciar Trabajo, Alimentar y Progresar, las pensiones no contributivas [que son aquellas que no requieren aportes en la vida laboral y que entregan un ingreso del 80% de la jubilación mínima, además del PAMI) y otros programas nacionales como Más y mejor trabajo. A su vez, excluye a todas las jubilaciones contributivas y las que son por moratoria”, reseña Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA.

De acuerdo con los datos de ese centro de estudios, las personas alcanzadas por asistencia social eran el 32,9% de la población en 2010. Ese número terminó en 40,3% cinco años después, cuando terminó el segundo mandato de Cristina Kirchner.

Mauricio Macri dejó la presidencia en 2019 con un 43,8%, luego de haberlo bajado en 2019. Es decir, el crecimiento de esa base que recibe todos los meses dinero del Estado se explica únicamente por el último de los cuatro años de gobierno, después de la crisis de 2018.

Alberto Fernández lo llevó, en plena pandemia, al 55% de la población. A partir de aquí se consolida el fenómeno expansionista que alarma. Luego de aquel 2020, de aislamiento y freno a la economía y cuando el aumento de la base se explica por planes como el IFE y el ATP, ambos para ayudar a sectores afectados por la cuarentena, el Presidente regresó en 2021 a valores similares a los que recibió al iniciar su gestión. Hace un año, el 44,7% de la población recibía alguna transferencia del Estado.

Sin embargo, en 2022 se desató la cuenta: la cantidad de personas alcanzadas por este tipo de beneficios pasó de aquel 44,7% al actual 51,7%. Es decir, 16% en un año. La política argentina parece resuelta a darle de comer en la boca a cada vez más gente antes que proponer un país en el que la mayoría se procure su alimento. A casi tres años del inicio de la crisis del Covid, el país se estabilizó en un número mucho mayor al que había antes de que el virus generara la inédita crisis sanitaria.

Roberto Cachanosky, economista, aportó algunos datos más. Si a ese número se le sumasen los empleados públicos, a quienes también el Estado pone mensualmente dinero en el bolsillo, la cifra sería aún mas alta. “La cantidad de empleados públicos es de 3.378.100 en el total país, es decir, con los nacionales, provinciales y municipales, según Ministerio de Trabajo”.

Ahora bien, si se le suman algunas empresas públicas y organismos descentralizados, el número está muy por encima. La cifra dura indica que en 2000, cuando empezó el siglo, entre empleados municipales, provinciales y nacionales, prestaban servicio para los diferentes niveles del Estado 2,193 millones de personas. Según datos aportados por Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), elaborados en base a publicaciones oficiales del Ministerio de Economía, esa cifra llega actualmente a 3,899 millones.

“El tema de que la mitad de la gente viva de las transferencias del Estado es producto de que el país está estancado y la informalidad laboral es rampante -dice Jorge Colina, director de Idesa-. La gente gana poco, aún cuando trabaja no le alcanza, y eso legitima el pedido de un ingreso complemento de un plan. Eso es lo que pasa con los piqueteros, al punto que le pusieron un salario complementario. Formalmente se llama Potenciar Trabajo, pero ellos le siguen diciendo complementario”.

Ahora bien, dentro de este universo se podría dar el caso de beneficiarios que reciben más de una prestación. “Hay un desorden tremendo porque muchos tienen la AUH y la tarjeta Alimentar. Pero además podrían recibir el Potenciar Trabajo”, agrega Colina. También se podrían sumar los planes provinciales y los municipales.

La Fundación Éforo, en su informe Seguridad social en la Argentina, concluye que en 2020 el número de personas que estaban alcanzadas por el dinero directo y mensual del Estado llegó a 30,6 millones de personas. En 2007, los beneficiarios, incluyendo jubilaciones y pensiones, llegó a 11,7 millones. Es decir, 20 millones en 15 años.

El Plan Potenciar Trabajo alcanza a 1.350.000 personas e implica el 50% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo a la ley de Presupuesto, la expansión de la Tarjeta Alimentar se explica porque, en mayo de 2021, se amplió el rango de edad hasta los 14 años inclusive y se extendió la cobertura a madres de 7 o más hijos titulares de pensiones no contributivas, aumentando de 1,6 millones a 2,4 millones la cantidad de prestaciones (3,9 millones de niños y niñas). En noviembre de 2021 se reemplazó la Tarjeta Alimentar, de uso exclusivo para la compra de alimentos, por una prestación monetaria de libre disponibilidad que se deposita en la cuenta de la persona titular junto con la asignación o la pensión.

El Programa Alimentario-PAMI extendió el alcance a todas las personas jubiladas y pensionadas mayores de 85 años que perciben hasta un haber mínimo y pasó de 600.000 a 700.000 beneficiarios.

Todos los programas han sido expansivos y cada vez más personas pasan por la ventanilla mensual a retirar lo que el Estado les da. El porcentaje en crudo asusta: medio país necesita ayuda para subsistir. El fenómeno esconde una enorme paradoja: con cada uno de los millones de pagos que se hacen crece más y más la deuda social argentina.

Diego Cabot – LA NACION