El Gobierno dice que la crisis tocó fondo, pero los gremios profundizan las protestas en rechazo a la aprobación de la ley ómnibus. Tensión por despidos masivos y ajuste en el Estado. Bullrich ratificó la aplicación del «protocolo» antipiquetes.
La CGT ratificó la convocatoria a una marcha multitudinaria para este miércoles 1° de mayo por el Día del Trabajador, como previo al paro general anunciado para el próximo 9 de mayo en rechazo al plan económico de Javier Milei, mientras distintos gremios adelantaron sus protestas en contra de la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso esta semana.
Desde la Casa Rosada relativizaron el tenor de las protestas sindicales y confiaron en que ante los cambios a la ley de reforma laboral presentada por el Gobierno con la cesión de varios artículos en la Ley ómnibus, la CGT finalmente se quede con la marcha y termine levantando el paro del 9 de mayo, como señal de convivencia y aporte a la gobernabilidad.
La marcha del 1° de mayo fue convocada para este miércoles a las 10hs en el monumento al Trabajador, en Avenida Independencia y Defensa, bajo la consigna: «la Patria no se vende» y «en la calle para cambiar la vida».
En ese clima de fuerte tensión y en medio de despidos masivos que se sumarán a los 15.000 contratados dados de baja del Estado, el gremio de Trabajadores Estatales (ATE) salió a repudiar los dichos del presidente Milei que el fin de semana aseguró que con las negociaciones paritarias, «los salarios ya empezaron a ganarle a la inflación».
«UN POCO DE RESPETO SEÑOR PRESIDENTE!! ¿De verdad @JMilei usted piensa que en la Argentina hay alguien que pueda creerle semejante estupidez? ¿Qué salarios le están ganando a la inflación? ¿Imagino que se refiere al suyo, al de los de los hermanos @madorni o al de los Senadores? A nosotros no nos falte el respeto por favor. Los estatales y jubilados hemos perdido más poder de compra con nuestros ingresos en sus 4 meses de gobierno, que en los 8 años anteriores», dijo el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar en la red X.
ATE fue una de las organizaciones sindicales y sociales junto con otras de izquierda como el Polo Obrero y el PTS instalaron este lunes un acampe en los alrededores del Congreso para pedir el rechazo de los diputados al proyecto remozado de la ley ómnibus.
La Casa Rosada respondió a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la advertencia de que esta vez sí aplicará el «protocolo» antipiquetes a diferencia de la marcha universitaria de la semana pasada, y advirtió sobre los antecedentes de incidentes violentos -aunque sin mencionarlo puntualmente- cuando en el gobierno de Mauricio Macri el oficialismo de ese momento Juntos por el Cambio intentó aprobar la reforma jubilatoria.
En tanto, desde la Federación de Gremios del Transporte, el dirigente Juan Carlos Schmid, anunció que los gremios de transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo realizarán paros de actividades por turno en rechazo al «acuerdo fiscal» firmado entre el Gobierno y los gobernadores que se trata en el Congreso con el retorno del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, ahora llamado «ingresos personales».
La reforma laboral que acordó el Gobierno con la UCR, el PRO y gobernadores
El oficialismo hizo fuertes concesiones en el capítulo laboral de la Ley Bases para permitir que avance su tratamiento en Diputados. Para ello, hubo una negociación entre sindicalistas, representantes de la oposición dialoguista y el asesor Santiago Caputo.
La Ley Bases mantiene aquellos cambios que no objeta el sindicalismo: la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de 8 a 6 meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores)
la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden paritarias una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.
Otro punto es la tercerización laboral: “Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas.
La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados.
En cuanto a la prohibición de trabajar, el artículo 90 señala que la licencia por maternidad podrá iniciarse hasta 10 días antes de la fecha del parto. “Queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días; el resto del período total de licencias se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días”.
En sintonía con reclamos de la CGT, en el dictamen de la Ley Bases aprobado por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados fue eliminado el artículo 98 del borrador que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas.
También excluyeron los artículos sobre las cuotas solidarias, la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales como la educación y cambios en el régimen del teletrabajo.
Se eliminó, además,la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas y un artículo que ponía en jaque dos puntos clave de la Ley de Contrato de Trabajo vigente: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.
El Gobierno también accedió a quitar del nuevo borrador de la Ley Bases los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70. (a24.com)