El diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Miguel Alfredo Montoya, cuestionó duramente al oficialismo por impedir el tratamiento de un nuevo pedido de juicio político contra la presidenta del Tribunal de Cuentas de Formosa, Myriam Esther Radrizani. El legislador sostuvo que la funcionaria enfrenta una causa penal por presunta estafa y remarcó que existen elementos suficientes para que la Legislatura habilite una investigación institucional sobre su desempeño.
Montoya recordó que la oposición ya había impulsado una iniciativa similar en 2022, aunque nunca llegó a ser debatida debido al rechazo de la mayoría oficialista. Según explicó, el nuevo planteo se fundamenta en hechos recientes que agravan la situación, entre ellos una causa penal que tramita en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6. “En aquel momento existía una disputa civil, pero ahora también hay una imputación penal por estafa, lo que vuelve imprescindible que la Legislatura actúe”, afirmó.
El diputado destacó además la relevancia del organismo involucrado, al señalar que el Tribunal de Cuentas tiene la responsabilidad de controlar la legalidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos provinciales y municipales. En ese marco, consideró preocupante que la máxima autoridad del ente de control se encuentre bajo investigación judicial. También mencionó denuncias vinculadas a la presunta presentación de documentación irregular relacionada con contratos de alquiler y construcciones en inmuebles asociados a la funcionaria.
En relación con la sesión legislativa de este jueves, Montoya denunció que la oposición fue impedida de exponer sus argumentos en el recinto. Según relató, las intervenciones de legisladores oficialistas derivaron en interrupciones constantes y en la decisión de la presidencia de cortar el uso de la palabra a integrantes de la bancada opositora. “Ni siquiera nos permitieron explicar el proyecto o someterlo a votación. Se trata de una actitud autoritaria que busca silenciar a quienes piensan distinto”, expresó.
Finalmente, el legislador criticó lo que calificó como una “doble vara” en materia de transparencia institucional. “Exigen renuncias y transparencia a funcionarios nacionales, pero cuando se trata de funcionarios provinciales los protegen, los blindan y bloquean los mecanismos de control”, sostuvo. Pese a las dificultades, aseguró que la oposición continuará impulsando iniciativas de control parlamentario y advirtió que la censura y las restricciones al debate no impedirán que cumplan con su función de fiscalización.
