Pasaron más de diez horas de hermetismo oficial, rumores crecientes y ausencia total de información. Recién entonces, la Policía de Formosa salió a escena no para informar, sino para desmentir con tono acusador y culpar a la prensa de hacer lo que ellos evitaron: informar.
Este martes, General Belgrano fue epicentro de versiones sobre un posible homicidio que rápidamente se expandieron por redes sociales y portales informativos. El Gobierno provincial y sus órganos de seguridad mantuvieron un silencio absoluto durante más de medio día, permitiendo que la incertidumbre y el desconcierto crecieran sin control.
Cuando finalmente hablaron, no fue para brindar explicaciones claras, ni informar qué ocurrió, sino para emitir un comunicado defensivo en el que acusaron a periodistas y medios de «difundir noticias falsas», por no haber «verificado con tres fuentes». Todo esto mientras la Policía, la Justicia y los voceros oficiales se negaban sistemáticamente a brindar cualquier información durante horas clave .
La desmentida como recurso para tapar el silencio
En lugar de asumir responsabilidad institucional por el silencio, el Gobierno eligió el camino de la desmentida tardía y el ataque a la prensa libre, intentando atribuirle intencionalidad política y sensacionalismo.
«Páginas de noticias y periodistas afirman la existencia de un homicidio, para confundir a la sociedad en plena campaña electoral», disparó el comunicado oficial, sin asumir que fueron ellos quienes no transparentaron lo que estaba ocurriendo en tiempo real.
¿Qué sucedió realmente?
Según el parte oficial difundido 10 horas después, el episodio involucró a una funcionaria judicial de General Belgrano que habría atravesado una crisis de salud, lo cual motivó la intervención policial y médica, así como el posterior traslado al Hospital «Cruz Felipe Arnedo» de Clorinda.
La intervención judicial incluyó la presencia de la jueza Mariela Portales, la fiscal Gloria Gómez, el forense y un psiquiatra. Se verificó la vivienda y, según el mismo comunicado, «no se hallaron rastros que hagan presumir un delito». Sin embargo, la falta de información inmediata y la intervención de altos funcionarios judiciales desde el inicio despertaron interrogantes que no fueron debidamente aclarados.
El verdadero problema: la opacidad como política
No es la primera vez que las autoridades de Formosa actúan con un reflejo más represivo que informativo ante episodios sensibles. En lugar de abrir canales de comunicación, transparentar los hechos y calmar a la ciudadanía con datos, optan por el secretismo y la posterior criminalización del periodismo independiente.
Mientras tanto, lo que sí se confirmó es que durante esas horas la comunidad formoseña quedó completamente a ciegas: ni partes oficiales, ni voceros confiables, ni declaraciones institucionales. Solo un Estado ausente… hasta que decidió aparecer para defenderse, no para informar. (prensalibreformosa.com)