Cuatro legisladores de la UCR consignaron que el hombre elegido por Javier Milei “cometió severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían configurar delitos penales”.
Este miércoles cuatro diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) impugnaron la candidatura del juez federal Ariel Lijo como quinto integrante de la Corte Suprema de Justicia para ocupar el puesto que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en 2021.
Los legisladores Fernando Carbajal (Formosa), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Manuel Aguirre (Corrientes) y Marcela Coli (La Pampa) expresaron que Lijo -el hombre propuesto por el presidente Javier Milei- “cometió severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían configurar delitos penales”.
En la nota dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, los diputados radicales mencionan varios hechos que, según indicaron, hacen que sea inadmisible aceptar la postulación de Lijo. En primer lugar, figura la denuncia de Elisa Carrió en 2018, quien acusó al juez federal de integrar una asociación ilícita y lavar de dinero junto a Alfredo Damián Lijo -su hermano-, Julio De Vido, José María Olazagasti, Eduardo Freiler, Ernesto Chalabe, Roberto Vignati, Gustavo Cinosi y Silvana Andrea Stochetti.
“Pese a la gravedad de las circunstancias denunciadas, con las correspondientes pruebas documentales que presentó la denunciante, ninguno de los imputados fue indagado y la causa fue archivada por el Juez Ercolini, quien tenía delegada la investigación. Luego se presentó como abogado defensor Mariano Cúneo Libarona, a instar el sobreseimiento de Alfredo Lijo, petición que le fue concedida por el magistrado y actual ministro de Justicia”, enfatizaron los diputados.
Los radicales también cuestionaron la actuación de Lijo como juez en el expediente de YPF donde se debía investigar el vaciamiento de la empresa; esta causa nunca avanzó. Asimismo, al indagar el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa “Siemens” a exfuncionarios del gobierno de Carlos Menem, “el juez Lijo dilató la causa y prescindió de incorporar en el expediente ciertos elementos de prueba que resultarían esenciales para avanzar en la investigación”.
Otro hecho que los legisladores de la UCR tomaron en cuenta para impugnar la candidatura del juez radica en su performance en la investigación de las irregularidades en la Obra Social de los Empleados Judiciales, donde “Lijo actuó arbitrariamente con el fin de mantener abierta la causa para colaborar con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en su interna judicial”.
Finalmente, los legisladores Galimberti, Carbajal, Aguirre y Coli agregaron como objeciones la denuncia que se le hizo a Lijo ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la actuación del magistrado en una denuncia que radicó la Tabacalera Sarandí.
“Tal como hemos detallado a lo largo de esta presentación, el juez Lijo demoró intencionalmente la tramitación de causas en las que se investigaban hechos de corrupción con la finalidad de garantizarles impunidad a los funcionarios públicos investigados. Un juez federal que reuniera estos antecedentes sería un candidato universalmente rechazado en cualquier república que funcione normalmente, por la sencilla razón de que generará desprestigio a la Corte Suprema como institución y socavaría la confianza tanto en el Presidente que lo propuso”, concluyeron los radicales.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó también su impugnación a la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema por “orfandad curricular y reputación severamente cuestionada”. Con la firma de su presidente, Alberto Garay, el escrito señala que el magistrado “carece de las calidades excepcionales que se esperan de alguien que aspire al cargo”, dado que su postulación “no encuentra explicación ni justificación en su curriculum vitae ni en su trayectoria como juez”.
Por otro lado, los abogados recordaron que Lijo fue objeto de cinco pedidos de juicio político entre 2023 y 2024. “Dos de ellos siguen pendientes de sustanciación en el Consejo de la Magistratura”, señalaron. (tn.com)
