Tal como adelantó A24.com, diputados del radicalismo pidieron el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por el incumplimiento parcial del fallo de la Corte Suprema.
El bloque de diputados del radicalismo encabezado por Mario Negri, presentó formalmente un pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández por el posible incumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordena devolverle a la Ciudad fondos que le quitaron en materia de coparticipación. Será por «incumplimiento de deberes de funcionario público» y lo acusan de «no acatar la orden de la Justicia».
De acuerdo a la información que obtuvo A24.com, la presentación formal se realizará recién el lunes o martes posterior a Navidad. El Juicio Político es la figura que prevé la Constitución para la destitución del presidente de la Nación o su vice. El trámite debe ser iniciado en la Cámara de Diputados y -previo dictamen de la Comisión de Juicio Político- debe ser aprobado por 2/3 de los diputados. Luego el Senado debe dar el veredicto definitivo, también con los 2/3 de los votos.
El bloque de diputados nacionales de la UCR presentó este martes un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Este nuevo pedido de remoción tiene como marco la decisión del Gobierno nacional de no acatar de forma acabada el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación.
Pedido de juicio político contra Alberto Fernández: las razones
El proyecto presentado por los diputados radicales, que encabeza el presidente del bloque Mario Negri y está acompañado por el resto de los integrantes, estipula en su único artículo: “Promover juicio político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
En los fundamentos, los 33 legisladores radicales sostienen que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA es un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo del Máximo Tribunal.
¿Qué va a pasar en la Justicia?
Por otro lado, en la oposición ya avisaron que harán al menos dos presentaciones ante la Justicia Federal: una de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió y dirigentes de ese partido, y otra de legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical.
En ambos casos, consideran que el mandatario cometió los delitos de «alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia».
A la par, legisladores radicales también recurrirán a la Justicia con la misma acusación contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es «inédito, incongruente y de imposible cumplimiento».
«Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen, sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte», señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.
En diálogo con Radio Rivadavia, la dirigente opositora remarcó que «cada uno de los involucrados deberá responder en la medida de sus acciones y omisiones ante la Justicia» y afirmó que lo que está haciendo el Gobierno nacional es «rebelarse contra la decisión del máximo tribunal».
«En principio, la responsabilidad está en cabeza del Presidente, del jefe de Gabinete (Juan Manzur), del ministro de Economía (Sergio Massa), del Interior (Eduardo ‘Wado’ De Pedro)», concluyó Stilman, quien recordó que este viernes es «el segundo día de desacato». (a24.com)
