La era digital trajo consigo una ola de innovaciones que ha facilitado nuestras vidas en muchos aspectos. Sin embargo, la misma tecnología que nos ha permitido estar más conectados que nunca, también ha dado lugar a nuevas formas de delincuencia.
Los fraudes en línea se han convertido en una preocupación creciente y los adultos mayores, por su posible falta de familiaridad con el entorno digital, se han convertido en blanco preferencial de ciberdelincuentes.
Los fraudes en línea adoptan diversas formas. Desde la suplantación de identidad hasta falsas ofertas de premios y estafas relacionadas con la tecnología, los métodos utilizados para engañar a las personas son cada vez más sofisticados. Los adultos mayores, muchos de los cuales pueden no estar completamente informados en las implicaciones de compartir información en línea, están en un riesgo significativamente elevado. Las pérdidas financieras son, por supuesto, el resultado más inmediato de estas estafas, pero el daño no termina ahí. La angustia emocional y la erosión de la confianza también son consecuencias duraderas.
A menudo se lee por los medios periodísticos casos de jubilados estafados, de distintas maneras, desde aquel al que lo llamaron desde alguna entidad pública para «supuestamente» informarle sobre un dinero que debía ser depositado en su cuenta, solicitándole se acerque al cajero más cercano para generar nuevas claves de acceso, hasta aquel al que por entidades absolutamente desconocidas sufren descuentos en sus haberes, o aquel al que de la noche a la mañana encuentra vacía su caja de ahorros.
Hace no mucho tiempo, incluso, la noticia fue la más trágica, de un jubilado que había perdido todos sus ahorros y como consecuencia de ello, falleció.
Argentina, como muchas naciones, ha experimentado un aumento en los fraudes en línea en los últimos años.
Las estadísticas revelan una tendencia alarmante: la creciente incidencia de ciberdelitos, con los adultos mayores entre los más afectados. Este escenario presenta un llamado a la acción que no puede ser ignorado.
El derecho civil se presenta como una línea de defensa crucial contra estos asaltos digitales. Ofrece un marco para que las víctimas de fraudes en línea busquen reparación por los daños sufridos. La legislación actual establece la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, tanto morales como materiales. Sin embargo, los desafíos persisten.
La naturaleza anónima del internet y la jurisdicción transfronteriza son obstáculos importantes en la persecución de los ciberdelincuentes.
La identificación y persecución de los autores de fraudes en línea es una tarea compleja. La globalización del ciberespacio permite que los delincuentes operen desde cualquier rincón del mundo, lo que complica la tarea de llevarlos ante la Justicia. La prueba del nexo causal entre la acción fraudulenta y el daño sufrido también presenta desafíos significativos en el ámbito digital.
La respuesta a esta problemática debe ser multifacética, ya que es imperativo modernizar la legislación existente para reflejar la realidad digital actual.
La creación de unidades especializadas en ciberdelitos, tanto en el ámbito judicial como en las fuerzas de seguridad, es un paso crucial hacia una respuesta legal más robusta.
La educación digital también es fundamental. Es esencial equipar a los adultos mayores con el conocimiento y las herramientas necesarias para navegar por el ciberespacio de manera segura. Programas de capacitación y campañas de concientización pueden desempeñar un papel vital en la prevención de fraudes en línea.
En esto somos todos responsables, no debemos dejar a los adultos mayores solos, en la mayoría de los casos, ellos no quieren o no les gusta perder su autonomía e independencia en el manejo de «su dinero». De ahí la necesidad de la conversación abierta, franca y asertiva de la familia para no invadir, pero a la vez preservarlos de aquellos personajes inescrupulosos a los que nada le importa más que obtener el dinero de los ahorros de la parte más vulnerable de la sociedad.
Lo curioso es que esas bandas de delincuentes manejen datos muy precisos y concretos de los jubilados, por ello es fundamental tener en cuenta que muchas veces la base de datos más importante del país que es la de ANSES, fue hackeada muchas veces, seguramente con el objeto de tener los datos personales de los beneficiarios de todo el sistema, jubilados, pensionados, trabajadores, madres con hijos menores, todos ellos en las bases de datos robadas, y seguramente yendo a parar en manos de quien sabe quién.
Lo bueno y positivo es que muchos mayores aprendieron una lección y es no atender números telefónicos desconocidos, o aprendieron a bloquearlos, y ese es un principio de cuidado o preservación.
A nivel internacional, existen varias iniciativas que podrían servir como referencia para Argentina. Países con legislaciones avanzadas en materia de ciberdelitos y programas robustos de educación digital han logrado disminuir la incidencia de fraudes en línea y aumentar la resiliencia de los adultos mayores ante estas amenazas. La cooperación internacional también es crucial para enfrentar un problema que no conoce fronteras.
La lucha contra los ciberdelincuentes es una tarea ardua que requiere de un enfoque holístico. Una combinación de legislación robusta, respuesta judicial eficaz y educación digital adecuada se presenta como el camino más promisorio para proteger a nuestros adultos mayores de los peligros del ciberespacio.
La responsabilidad civil es y seguirá siendo un eje central en esta lucha, proporcionando un marco legal para la reparación de los daños causados por fraudes en línea. Sin embargo, su eficacia estará condicionada a nuestra capacidad de adaptación y respuesta ante los desafíos que la era digital plantea.
Es esta una poderosa razón para que jueces y funcionarios a la hora de resolver no solo tengan en mente la perspectiva de género, sino también un sentido humanista de protección a los adultos mayores. (diarioepoca.com)
