Las cocinas de droga funcionaban en un radio de tres manzanas y eran manejadas por el mismo grupo criminal, a la vista de todo el mundo y ante la inacción estatal; amigos y familiares de la víctima destrozaron la casa de uno de los narcos, al que querían linchar; finalmente, la policía lo detuvo y dispersó a los manifestantes con balas de goma.
Dos horas después de que sepultaran a Máximo Gerez, un chico de 12 años de la comunidad Qom, que fue asesinado en un ataque narco en la madrugada del domingo, los familiares y amigos de la familia de la víctima, desolados y cargados de furia por el ataque demencial que había sufrido un grupo de chicos en la calle, comenzaron a derrumbar los búnkeres donde se vende la droga en ese barrio del noroeste de la ciudad. En tres horas, y bajo un sol abrasador, destruyeron cinco casas donde –según los vecinos– la banda de Los Salteños vendía droga.
La rabia de los vecinos dejó al descubierto la inacción del Estado: en tres manzanas había cinco puntos de venta de cocaína manejado por un solo grupo criminal. Eran lugares que estaban a la vista de todos y donde todos sabían que se vendía la droga, que «envenena» a los chicos, como afirmó Julio Gerez, padre del niño asesinado.
La bronca de este hombre de 40 años, que vive de changas, en una casa precaria de chapa y ladrillos huecos, era doble, porque en el pecho tenía las marcas de los balazos de goma que le había disparado la policía para dispersar a los vecinos furiosos, horas después de haber velado a Maxi en el club Los Pumitas. Allí se habían vivido horas de tristeza y angustia.
Maxi Gerez falleció en el acto, cuando fue atacado por un grupo de sicarios que llegaron al barrio en un auto negro con vidrios polarizados. Hay otros tres chicos que siguen internados en el hospital de Niños Zona Norte, entre ellos, una nena de dos años que fue operada anoche por un balazo en el hombro y un chico de 13 años que lucha por su vida.
Julio Gerez y su familia, Maxi y otro chico de siete, y su pareja, viven en una casa precaria de chapa y ladrillos huecos, a metros de una cancha de fútbol que es el centro de Los Pumitas. Los chicos habían ido a comprar una gaseosa a un kiosco que está a media cuadra cuando llegaron los sicarios y comenzaron a disparar contra los niños.
Antonia, la tía de Maxi, corrió cuando escuchó los tiros. En ese momento cocina pizza, que vende entre los vecinos. «Jamás tuvimos una amenaza ni nos metemos con nadie. Somos gente honesta y no le pedimos nada al gobierno. Ahora quién me devuelve la vida de mi sobrino. Por eso toda la comunidad (Qom) está en crisis. Ningún político vino acá. Llevamos a los chicos heridos nosotros, porque no vino nadie, ni siquiera la ambulancia», contó la mujer, que no paraba de llorar.
Julio, que vive hace 20 años en Los Pumitas, pertenece junto toda su familia a la comunidad Qom, como la mayoría de los habitantes de ese sector de Empalme Graneros. La mayoría asiste al centro cultural Qadhuoqte, donde también hay una radio. Gran parte de los vecinos ya son nacidos en Rosario, pero hay muchos que emigraron en los últimos años desde Chaco. A pesar de su fortaleza cultural, la comunidad Qom es débil frente a ese submundo atravesado por el narcomenudeo en la zona, opina Julio Gerez. «Somos gente pobre. Pero estamos arruinados por este dolor», reconoció Antonia.
A ocho cuadras de donde mataron a Maxi, el 26 de agosto pasado la Policía Federal secuestró, en un galpón, 1500 kilos de cocaína que manejaba un cartel colombiano. Uno de los referentes de este grupo trasnacional, Gabriel Londoño Rojas, fue detenido el 1º de diciembre en Dubai, el destino final del millonario cargamento que estaba guardado en uno de los barrios más pobres y violentos de Rosario.
Porque allí los enfrentamientos entre franquicias de grupos criminales azotan esa zona desde al año pasado. La guerra por el control del lugar es entre los capos narcos más pesados de Rosario, como Ariel Cantero, líder de Los Monos, y Esteban Alvarado. Pero durante los últimos meses terció un nuevo actor, el peruano Julio Rodríguez Granthon, a través de los llamados Salteños, un grupo que tiene como cabecilla a Daniel Villazón. Su hermano Cristian fue condenado a 15 años de cárcel por un triple asesinato, que ocurrió en ese barrio en febrero de 2020. Los Villazón viven en la misma cuadra donde mataron a Máximo. Y una de sus casas fue destruida por la gente del lugar.
Los vecinos creen que Los Salteños dispararon el domingo a la madrugada en la calle y asesinaron a Maxi e hirieron a otros tres chicos. Por eso, después del sepelio tomaron mazas y martillos o pedazos de caños de hierros y empezaron a destruir los lugares donde Los Salteños vendían droga.
La rabia y la bronca era tal que no se establecían límites claros. A una mujer la sacaron de su casa y prendieron fuego el interior. Todo quedó envuelto en llamas en pocos segundos. La joven lloraba frente a la destrucción de su propia casa y durante varios minutos no pudo decir nada, por miedo y por el impacto de lo que veía, sus pocas pertenencias convertidas en cenizas. «Yo no vendo droga. Yo alquilé la casa hace dos meses. El que vivía antes aquí vendía, pero yo no», se lamentaba.
Los grupos tácticos de la policía en un principio intentaron evitar que la muchedumbre no se vengara por su cuenta. Hubo disparos con balas de goma, corridas y algunos piedrazos que los vecinos lanzaron contra los efectivos. Pero una hora después decidieron dejar que la gente se descargara.
En menos de tres horas, cinco viviendas quedaron destruidas. Eran las que los familiares y amigos de Maxi Gerez, como muchos vecinos del barrio, apuntaban como lugares donde se vendía droga. Las casas eran desmanteladas casi en su totalidad. En una de ellas había un carro con un caballo que usaron de flete para cargar las chapas que sacaron de los techos, aberturas, caños y hasta los cables de electricidad. Grupos de jóvenes golpeaban con mazas y pedazos de hierro para derrumbar las paredes de ladrillos huecos. La escena se completaba con los vecinos que aplaudían ese espectáculo caótico, sin ningún representante del Estado que buscara poner un poco de racionalidad. Los policías terminaron bajo la sombra de unos paraísos junto a la cancha de fútbol. Parecían escondidos, fuera del radar de la muchedumbre irascible.
Maxi iba a la escuela bilingüe Nº1344, cuyo nombre es Yaigoye, donde no hubo clases. Lo mismo ocurrió en otro colegio del sur de Rosario que fue baleado el domingo a la noche. El ataque ocurrió cerca de las 22 en Isabel La Católica Nº 6430, en Grandoli y Ayolas, zona patrullada por Gendarmería. En ese lugar, los atacantes dejaron un mensaje mafioso, que hacía alusión a un narco de la zona, que está detenido en un penal federal.
Ante esta situación, el gremio de Amsafé Rosario decidió empezar la semana de clases con una jornada de duelo, en la que recomendó la lectura de un documento en el que señalan que «la situación es insostenible». «La violencia protagonizada por las bandas narco-policiales se ha adueñado de la región. En las escuelas padecemos especialmente la gravedad de la situación. Llegar o salir de las escuelas se ha convertido en ocasiones en una situación de riesgo», advirtieron en una carta. (prensalibreformosa.com)
