. La alta percepción de la corrupción durante el gobierno del Frente de Todos se debe a las más de cien medidas que Cristina Kirchner impulsó contra la Justicia para tratar de mejorar su situación judicial.
. Ahora el Gobierno de la Libertad Avanza deberá dar claras señales de que no apoya la impunidad de nadie para no terminar, el año pasado, con un mal puntaje.
El informe de Transparencia Internacional (TI) es un espejo del centenar de presiones del gobierno del Frente de Todos sobre jueces y fiscales para tratar de mejorar la situación judicial de Cristina Kirchner y un aviso para la gestión del presidente Javier Milei.
Nunca desde 1983 un gobierno democrático intentó voltear la Corte, cambiar el jefe de los fiscales, adelantar las jubilaciones de jueces federales y atacar e insultar sistemáticamente a los magistrados. Se trata de más de cien leyes, proyectos de leyes, decisiones administrativas y ataques públicos.
Las dos cartas públicas de la ex vicepresidenta que envió al entones presidente Alberto Fernández para accionar sobre las jueces son elocuentes. Y, también, su consecuencia: la renuncia de la moderada ministra de Justicia de Alberto, Marcela Losardo, y su reemplazo por el ultra K Martín Soria en marzo de 2021.
Pero también el informe, que advierte que la falta de independencia de la Justicia y las presiones sobre ella son una de las causas de la persistencia de la corrupción, lo que abre un debate dentro del gobierno del presidente Javier Milei.
El nuevo titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik negó la semana pasada en una entrevista con Clarín que exista un pacto de impunidad con Cristina Kirchner. Dijo que va a querellar en causas por corrupción si el congreso mantiene esa facultad para ese organismo y que investiga casos de conflicto de intereses en el gobierno de Milei. Melik dijo le preocupa este índice que llamará a consultas a Poder Ciudadano y otras ONGs preocupadas por la lucha contra la corrupción.
La primera evaluación del gobierno de Javier Milei se conocerá en enero del año próximo y se verá si el Gobierno toma este aviso y dispone las medidas necesarias para frenar el empeoramiento en la percepción de la corrupción en la Argentina..
Es que esta edición del IPC para la región latinoamericana revela que el poder judicial en las Américas no cumple su papel crucial como control de otras ramas del gobierno. La falta de independencia judicial socava el Estado de derecho, promueve la corrupción y conduce a la impunidad de los corruptos y poderosos, afirmó el informe. Con el puntaje promedio de la región manteniéndose en el puesto 43 y dos tercios de los países por debajo de 50, «es imperativo abordar esta cuestión para la lucha eficaz contra la corrupción», dijo Poder Ciudadano.
A su turno, Luciana Torchiaro, Asesora Regional para las Américas de Transparencia Internacional aportó al análisis de estos datos: «Los países de la región deberían trabajar para tener poderes judiciales fuertes e independientes que provean rendición de cuentas y justicia”. “No hacerlo erosiona los fundamentos mismos de la democracia y el Estado de derecho. El continuo debilitamiento de los pesos y contrapesos sólo fomentará la impunidad, tanto para los grupos de poder como para los corruptos, en detrimento del público en general y el bienestar colectivo”, agregó Torchiaro.
De acuerdo a este índice, Canadá (76) y Uruguay (73) están en la cima del ranking regional con controles y contrapesos más robustos de la Justicia sobre los gobiernos. En cambio, Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) tienen los puntajes más bajos de la región, con impunidad generalizada y falta de independencia del poder judicial.
El informe destaca que sólo dos países, Guyana (40) y República Dominicana (35), “han mejorado sus puntajes del IPC durante la última década, mientras que los demás se han estancado o han retrocedido significativamente”.
La sensación generalizada de impunidad y la incapacidad de actuar imparcialmente de fiscales y jueces -garantizando juicios justos e igualdad ante la ley-, «erosionan significativamente la confianza en el poder judicial en las Américas», agrega el informe de Transparencia. Esta percepción a menudo «desalienta la presentación de denuncias”, advirtió la ONG.
Finalmente, TI hizo un llamado a los gobiernos para que otorguen a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para castigar eficazmente todos los delitos de corrupción y poner controles institucionales al poder. El reloj para Milei sigue corriendo y con anunciar solo una nueva fiscalía anticorrupción no basta. (clarin.com)
