El máximo tribunal penal dejó sin efecto el fallo que había beneficiado a la vicepresidenta en la investigación por los alquileres que le pagaban Lázaro Báez y Cristóbal López; lo mismo decidió sobre el memorándum acordado con la república islámica.
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, reabrió el caso Hotesur-Los Sauces y ordenó que la vicepresidenta Cristina Kirchner enfrente un juicio oral en el que será investigada por sus negocios hoteleros. La misma decisión afecta a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, pero no a Florencia Kirchner, sobre la cual se mantuvo el fallo que la benefició. Por otro lado, el tribunal penal anuló el sobreseimiento en la causa por el memorándum con Irán, que tiene a la expresidenta y a varios exfuncionarios del kirchnerismo como acusados, y ordenó realizar el juicio oral.
Además, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que sobreseyeron a la vicepresidenta en el caso Hotesur-Los Sauces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. No así a Adriana Palliotti, que había votado en disidencia. En el proceso por el pacto con Irán, por su parte, Petrone y Barroetaveña apartaron también a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez.
La vicepresidenta había eludido el proceso porque en noviembre de 2021 un fallo del Tribunal Oral Federal 5 -tribunal que debía juzgarla- inesperadamente la sobreseyó junto a sus hijos. El TOF 5 sostuvo que era claro que no había existido delito y que, por ende, no hacía falta realizar el juicio.
En esta causa se busca determinar si la vicepresidenta recibió dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios realizaron merced a sus buenas relaciones con el kirchnerismo. Báez ya fue condenado en la causa Vialidad junto con Cristina Kirchner, por haber sido favorecido con licitaciones con sobreprecios. En el caso de López, fue absuelto en el proceso de Oil Combustibles.
Cuando el fiscal Gerardo Pollicita envió a juicio el caso sostuvo que los imputados «elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios expresidentes [en referencia a Néstor y Cristina Kirchner] y a su núcleo familiar, a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades». (prensalibreformosa.com)
